Solicitan al TSJ radicación de caso Pdval en otra jurisdicción distinta a Carabobo

   El Ministerio Público solicitó a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la radicación del caso de la Productora y Distribuidora Venezolana de
Alimentos (Pdval), en otra jurisdicción distinta a la del estado Carabobo debido a la relevancia de los hechos investigados.

Actualmente, la investigación que lleva el Ministerio Público se encuentra en el Tribunal 1° de Control, específicamente en Puerto Cabello.

Los fiscales 6° y 25° nacional; así como el 9° y 13° del referido estado, María Alejandra Pérez, Pedro Buitriago, Armando Galindo y Asdrúbal Durán,respectivamente, fundamentaron dicha petición en el artículo 63 del Código Orgánico Procesal Penal.

Dicha norma establece que “en los casos de delitos graves, cuya perpetración cause alarma, sensación o escándalo público, o cuando por recusación, inhibición o excusa de los jueces titulares y de sus suplentes y conjueces respectivos, el proceso se paralice indefinidamente, después de presentada la acusación por el fiscal, el Tribunal Supremo de Justicia, a solicitud de cualquiera de las partes, podrá ordenar, en auto razonado, que el juicio se radique en un Circuito Judicial Penal de otra Circunscripción Judicial que señalará”.

Hay que resaltar que la Sala Penal deberá dictar dicha decisión dentro de los diez días siguientes al recibo de la solicitud.

Cabe recordar que el Ministerio Público inició la investigación el 31 de mayo de este año, cuando fueron localizadas 30 mil toneladas de alimentos vencidos en unos contenedores en la ciudad de Puerto Cabello.

Por este caso se encuentran privados de libertad, en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de Carabobo, el ex presidente de Pdval, Luis Pulido López; la ex directora encargada de operaciones de esa dependencia Mercedes Betancourt; y el ex gerente general de la distribuidora de alimentos, Ronald Pérez.

Los tres funcionarios fueron acusados el 2 de julio de este año por presuntamente incurrir en los delitos de boicot y peculado doloso, tipificados en la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso de Bienes y Servicios; y la Ley Contra la Corrupción.

En la solicitud de radicación de la causa, los fiscales argumentaron que desde el 28 de julio de este año hasta el 21 de septiembre, ha sido diferida en cinco oportunidades la audiencia preliminar, por causa de los imputados y su defensa y no por parte de los fiscales del Ministerio Público que han asistido a todas las convocatorias.

Vía www.ministeriopublico.gob.ve