Texto Completo del Informe presentado por Luis Almagro ante la OEA, PARTE 1 DE 7

14 de marzo de 2017

OSG/128-17

 

Su Excelencia

Patrick Andrews

Embajador, Representante Permanente de Belice

Ante la Organización de los Estados Americanos

Washington DC Excelentísimo señor:

El 30 de mayo de 2016, presenté mi primer informe detallado en el que se describía la crisis en Venezuela, especialmente la «alteración del orden constitucional» y del «orden democrático» en ese país en virtud del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana.  A los efectos de contribuir de una manera constructiva a la evaluación colectiva de los Estados, la Secretaría General presenta la actualización del mismo.

 

El 23 de junio de 2016, el Consejo Permanente convocó una sesión extraordinaria para discutir ese informe. El único punto del orden del día de esa reunión era la aceptación y el debate del informe del Secretario General.

 

Durante dos horas y media, los Estados Miembros evaluaron colectivamente la situación y las medidas que debían adoptarse para promover la normalización de la situación y restaurar las instituciones democráticas. En esa ocasión no se tomó ninguna decisión, dejando abierto el debate al tiempo que se tomaba nota de la presentación que se hizo.

 

Desde esa fecha, los miembros del Consejo Permanente, los ciudadanos de América y la comunidad internacional han sido testigos de la agudización de la crisis económica, social, política y humanitaria en Venezuela.

 

Las gestiones diplomáticas realizadas no han dado por resultado ningún progreso. Los reiterados intentos de diálogo han fracasado y los ciudadanos de Venezuela han perdido aún más la fe en su gobierno y en el proceso democrático. La ausencia de diálogo es la primera señal

 

 

 

 

 

del fracaso de un sistema político, porque la democracia no puede existir cuando las voces no se escuchan o han sido silenciadas.

 

Los hechos no dejan lugar a dudas. Venezuela viola todos los artículos de la Carta Democrática Interamericana. La democracia y los derechos humanos son valores que deben estar por encima de la política. La tarea que tenemos ante nosotros es apoyar a Venezuela y restaurar los derechos de su pueblo.

 

Nuestros esfuerzos deben concentrarse en restaurar el derecho a la democracia del pueblo venezolano conforme a lo que establece el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana: “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”.

 

En mi calidad de Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, es con desencanto que presento este informe de seguimiento en que se expone el ulterior deterioro de la situación en Venezuela. En la redacción de este informe hay tres certezas:

 

–     la objetividad de los hechos recogidos en estas páginas;

–     la importancia de los principios interamericanos, y

–     la convicción de que, tarde o temprano, la democracia volverá a ser el sistema de

gobierno en Venezuela.

 

La democracia es el gobierno del pueblo. Quienes son elegidos para representar al pueblo deben servir  de  instrumento  para  canalizar  el  sentir  de  la  ciudadanía  en  el  proceso  de  toma  de decisiones. Los representantes electos deben ser responsables ante el pueblo.

 

Desde hace más de un año, el mensaje a la ciudanía venezolana ha sido que era la hora del diálogo. Sin embargo, el diálogo ha fracasado. No podemos permitir que la premisa del diálogo siga siendo utilizada como cortina de humo para perpetuar y legitimar el poder autoritario de lo que se ha convertido en un régimen en Venezuela.

 

Diferentes sectores políticos venezolanos, especialmente aquellos más afines al Gobierno, incluidos  algunos  sectores  opositores,  así  como  parte  de  la  comunidad  internacional  han intentado presentar un mecanismo de diálogo como la solución a la crisis humanitaria, social, económica, financiera y política al pueblo venezolano.

 

Ese  mecanismo  de  dialogo  fue  decisivamente  funcional  a  la  estrategia  del  Gobierno  de sostenerse en el poder a partir de reiteradas y continuadas violaciones a la Constitución. Esas violaciones a la Constitución tuvieron efectos devastadores sobre los derechos del pueblo y de los representantes electos por la gente.

 

El  pueblo  de  Venezuela  se  enfrenta  a  un  Gobierno  que  ha  dejado  de  ser  responsable.  La

Constitución ha dejado de tener sentido.

 

El estado de derecho no está vigente en Venezuela; ha sido eliminado por un poder judicial completamente controlado por el Poder Ejecutivo, que ha anulado cada ley aprobada por la Asamblea Nacional (AN) así como sus potestades constitucionales o los derechos del pueblo, especialmente sus derechos electorales. Hoy en Venezuela ningún ciudadano tiene posibilidades

 

 

 

 

 

de hacer valer sus derechos; si el Gobierno desea encarcelarlos, lo hace; si desea torturarlos, los tortura; si lo desea, no los presenta a un juez; si lo desea, no instruye acusación fiscal. El ciudadano ha quedado completamente a merced de un régimen autoritario que niega los más elementales derechos. Estos atropellos han sido instrumentados y ejecutados en paralelo a un proceso de mediación que vio por esta razón socavada su credibilidad1.

 

La corrupción es generalizada y la economía va en caída libre. No hay suficiente comida; los servicios de salud son extremadamente precarios, y la profunda crisis humanitaria es de una escala inaudita en el Hemisferio Occidental. Se ignoran los derechos civiles y políticos. Todo en interés de preservar la riqueza, el privilegio y la impunidad de quienes se aferran al poder.

 

Las recomendaciones formuladas en el primer informe al Consejo Permanente se proponían contribuir a una solución que, como se dijo desde un inicio, debe ser venezolana y por parte de los venezolanos, una solución que garantice el retorno a la democracia y al estado de derecho en ese país.

 

En su calidad de institución multilateral, la OEA existe para estar al servicio de nuestros Estados Miembros. La Carta de la OEA de 1948 fue firmada «en nombre de sus pueblos». El «pueblo» es el elemento fundamental del documento fundacional de la Organización. Como institución tenemos la obligación de hacer oír la voz del pueblo que ya no tiene voz.

 

 

 

1 Mitzy Capriles: Rodríguez Zapatero habla de diálogo e ignora la violación de DD. HH. y torturas a los presos políticos

http://www.ntn24.com/noticia/ mitzy-capriles-rodriguez- zapatero-habla-de-dialogo-e- ignora-la-violacion-de-dd- hh- y-torturas-a-los-133601

Una activista de derechos humanos ataca furiosa a Zapatero: “¡Indecente!”

http://www.esdiario.com/ 504708485/Una-activista-de- derechos-humanos-ataca- furiosa-a-Zapatero-por- indecente.html

Capriles carga contra Zapatero y lo acusa de no lograr resultados en su mediación en Venezuela http://www.elmundo.es/ internacional/2017/02/22/ 58ad01ade2704e29388b459c.html

Corina Machado a Zapatero: «Su propuesta es inmoral. ¿Quién le da derecho a negociar en Venezuela?» http://www.abc.es/ internacional/abci-corina- machado-zapatero-propuesta- inmoral-quien-derecho- negociar- venezuela- 201702231425_noticia.html

El Parlamento y la Iglesia venezolana rechazan dialogar con Maduro

http://www.abc.es/ internacional/abci-palarmento- y-iglesia-venezolano-rechazan- dialogar-maduro-201702232217_

noticia.html

VENEZUELA: El juego de Santos es perverso y peligroso

http://www.entornointeligente. com/articulo/9716444/ VENEZUELA-El-juego-de-Santos- es-perverso-y-peligroso-

11032017

Diálogo en Venezuela fue una “mascarada”, dice esposa de Ledezma a Samper http://www.elnuevoherald.com/ noticias/mundo/america-latina/ venezuela-es/article136587808. html Capriles: Gobierno de Venezuela quiere diálogo para evadir tema de drogas

https://www.cubanet.org/ venezuela/capriles-gobierno- de-venezuela-quiere-dialogo- para-evadir-tema-de-drogas/ El padre de Leopoldo López: “Sólo los ingenuos creen que Maduro celebrará elecciones http://www.elespanol.com/ mundo/america/20170217/ 194481110_0.html

Lilian Tintori: «Zapatero ha empeorado la situación, es un vocero de Maduro»

http://www.libertaddigital. com/internacional/ latinoamerica/2016-11-21/ lilian-tintori-zapatero-es-un- vocero-de- maduro-1276587167/

 

 

 

 

 

Es hora de que el Consejo Permanente encamine acciones específicas con resultados concretos, que el llamado al retorno a la democracia en Venezuela no tenga ambigüedades y no quede sepultado en intereses coyunturales. En los meses transcurridos desde nuestro último debate, el Sistema Interamericano y la comunidad internacional han recurrido a todos los instrumentos disponibles para contribuir al restablecimiento del orden constitucional y las instituciones democráticas de Venezuela.

 

El Gobierno venezolano ha persistido en el repudio de sus obligaciones en el marco del Sistema Interamericano. Se han rechazado las «gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios» encaminadas a «promover la normalización de la institucionalidad democrática”, como se señala en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana.

 

Es hora de asumir que los largos meses de mediaciones y buenos oficios han tenido resultados negativos y que no es posible continuar amparando la inacción en respetar la evolución de un proceso que perdió toda credibilidad. Esperar soluciones de un proceso de dialogo que no es tal, porque ni es recíproco, ni ha ofrecido garantías, ni ha cumplido ninguna de sus premisas, que no ha hecho más que agravar la situación del país y legitimar la continuidad del deterioro de sus instituciones, nos hace cómplices desde la comodidad de esperar por la acción de otros. Genera responsabilidad por omisión. Nuestra inacción en esta situación es sinónimo de omisión en proteger la democracia y los derechos humanos en Venezuela.

 

En un continente marcado por el compromiso con la solidaridad democrática, compromiso codificado mediante la creación de la Carta Democrática Interamericana, existen pocas sanciones morales o políticas para los líderes democráticamente electos de un país que no sean la confianza de su ciudadanía y la reprobación de sus pares. Está claro que la clase política ya ha perdido la confianza de su pueblo. Nuestro continente tiene ahora ante sí una obligación moral y ética: recuperar los principios del Sistema Interamericano y restaurar la democracia en ese país.

 

Ya lo dijo José Antonio Marina: “nada parece más peligroso que dar por hecho lo que depende de nosotros hacer.” La Carta Democrática Interamericana es nuestra herramienta para actuar en casos de alteración del orden constitucional y democrático en un país del Hemisferio. Usemos nuestras herramientas asumiendo la responsabilidad colectiva y solidaria que nos llamó a crear ese instrumento y a fundar esta Organización.  Al contrario de aquello que se ha pretendido hacer creer, que la CDI como instrumento bloquearía la posibilidad de alcanzar soluciones, vemos que, por el contrario la renuencia a utilizar la CDI hace que la situación se haya deteriorado aún más fuertemente.

 

Como dijera George Bernard Shaw “si la historia se repite, y siempre sucede lo inesperado, cuán incapaz debe ser el hombre de aprender de la experiencia».

 

 

 

1. EL SISTEMA INTERAMERICANO Y LA DEFENSA DE LA DEMOCRACIA

 

El concepto de democracia debe ser considerado elemento necesario, esencial y fundamental de las relaciones internacionales en el Hemisferio. Por lo tanto, la democracia es esencial para la OEA. El preámbulo de la Carta de la OEA afirma que «la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región».

 

 

 

 

 

La Resolución 1080 sobre Democracia Representativa, aprobada en 1991, es la primera medida que  faculta  al  Consejo  Permanente  para  actuar  en  caso  de  crisis  o  alteración  del  orden democrático o constitucional.

 

En 2001, esas facultades fueron adoptadas en la Carta Democrática Interamericana (CDI), que define el concepto de democracia e identifica situaciones en las que los Estados Miembros de la OEA podrían cooperar y apoyar a uno de sus miembros, ya sea a petición del país afectado, o del Secretario General. La Carta Democrática fue aprobada por unanimidad.

 

El artículo 1 establece que «Los pueblos de América tiene derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla». Desde sus primeros párrafos, la Carta establece que la democracia es un derecho de los pueblos de América y establece obligaciones para su promoción y defensa por los gobiernos de América. Los representantes electos para dirigir los países tienen  la responsabilidad de proteger esos derechos  y valores  y, si no lo hicieran, pierden su legitimidad como líderes.

 

El Capítulo IV de la Carta esboza las opciones de recurso. Los artículos 17, 18 y 19 atribuyen al

Consejo Permanente el primer paso respecto de esa responsabilidad de ejecución. En el artículo

20 se esbozan las diversas medidas para un posible recurso, y se faculta al Consejo Permanente para «disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática». Cuando «las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas», “el Consejo Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General”. El artículo 21 estipula el procedimiento para una posible suspensión cuando «las gestiones diplomáticas han sido infructuosas».  El  artículo  22  esboza  el  proceso  de  votación  para  el  levantamiento  de  la suspensión, una vez superada la situación que motivó la suspensión.

 

La Carta Democrática ha sido invocada por los Estados Miembros en siete ocasiones y el artículo

21 activado una vez, en el caso de un golpe de estado. La solidaridad regional no puede existir a costa de los abusos contra los derechos humanos y la destrucción de las instituciones democráticas. De hecho, ocurre exactamente lo contrario. En cada uno de esos casos, todos los Estados Miembros cooperaron para apoyar al Estado afectado sosteniendo que la Carta Democrática da mayor firmeza al principio de solidaridad regional.

 

Asimismo, varias organizaciones subregionales han adoptado cláusulas democráticas, incluidas

MERCOSUR con el Protocolo de Ushuaia de 1998 y UNASUR con el Protocolo Adicional de

2014.

 

Como hube de señalar en mi informe anterior, el Hemisferio Occidental ha sido pionero en la adopción de normas internacionales para la defensa de la democracia, una responsabilidad compartida por todos los Estados Miembros.

 

Las razones en pro de la toma de acciones siguen estando vinculadas al pacta sunt servanda. La defensa internacional de la democracia es esencial, y esa obligación es creada por los diferentes Estados que han firmado los tratados internacionales, con lo que se hacen responsables ante la comunidad de los Estados signatarios. Esto crea el imperativo del escrutinio internacional de su

 

 

 

 

 

proceso democrático, y la comunidad internacional está obligada a observar las condiciones, el desempeño y la integridad de su democracia.

 

Se entiende que se lleva a cabo de manera continua la verificación y preservación de las buenas prácticas, y que también es necesario seguir de cerca el debilitamiento o las malas prácticas que van  en  contra  del  orden  constitucional  y  de  los  acuerdos  internacionales,  ya  que  pueden constituir un peligroso precedente.

 

Debemos evitar el doble rasero y utilizar los mecanismos disponibles, incluida la Carta Democrática en todos los casos en que se constate una situación en la que existe deterioro de los elementos esenciales de la democracia. La protección de la democracia no debe limitarse a las palabras, requiere actuar.

 

El artículo 3 de la Carta define los «elementos esenciales de la democracia representativa» y menciona, entre otros, «el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas, y la separación e independencia de los poderes públicos».

 

El artículo 4 de la Carta define los «componentes fundamentales del ejercicio de la democracia», a saber, «la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los  gobiernos  en  la  gestión  pública,  el  respeto  por  los  derechos  sociales,  y  la  libertad  de expresión y de prensa». Exige «la subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho».

 

Esos principios fundamentales deben aplicarse en todo momento. Es evidente que la evaluación de la calidad de la democracia de un país y de su sistema de protección de los derechos humanos es tarea harto difícil. Con todo, eso es exactamente lo que la OEA debe hacer – llamar la atención sobre esos temas y velar por que se escuche la voz de todos los ciudadanos de América. El diálogo es un primer paso; y esta tarea resulta aún más difícil cuando nos vemos obligados a reconocer que el diálogo ha fracasado y que las conversaciones no han sido suficientes.

 

En  la  OEA,  hemos  creado  valiosos  instrumentos  que,  si  son  aplicados,  pueden  producir resultados valiosos. Los Estados Miembros han estado dispuestos a defender el sistema en los momentos más difíciles, y a defender esos instrumentos día a día. La cooperación entre todos los países es esencial. Su uso sistemático da mayor firmeza a las instituciones y, por ende, a los Estados Miembros.

 

Con arreglo a la declaración del Comité Jurídico Interamericano de 2009, el orden democrático impera cuando «existe un vínculo vital entre el ejercicio de la democracia participativa y el estado de derecho, el cual se expresa concretamente en la observancia de todos los elementos esenciales de la democracia representativa y sus componentes”. A continuación se señala que «el régimen democrático no se agota en los procesos electorales, sino que se expresa también en el

 

 

 

 

 

ejercicio legítimo del poder dentro del marco del estado de derecho, que incluye el respeto a los elementos, componentes y atributos de la democracia arriba definidos.»2

 

En la diplomacia, esos acuerdos son nuestras herramientas y tenemos la responsabilidad de velar por que no se limiten a simples declaraciones escritas. Las palabras que elegimos generan la política, y debemos garantizar que se traduzcan en acción. Se trata de construir soluciones, aumentar la presión, crear condiciones, principios de trabajo y valores.

 

 

 

1. DIÁLOGO

 

La  democracia  requiere  diálogo,   pero  es   preciso   reiterar  que  para  obtener  resultados satisfactorios, el diálogo debe ir acompañado de acciones. Estos esfuerzos diplomáticos se hicieron desde mayo de 2016 a febrero de 2017 y las propuestas de mediación surgieron en muchas partes. En la sesión del Consejo Permanente del 5 de mayo, se ofrecieron los buenos oficios del CP de la OEA, los cuales fueron rechazados en términos groseros y descalificadores.

 

Durante los primeros meses de 2016, a medida que se desarrollaba el enfrentamiento inicial entre la Asamblea Nacional recién elegida y el Poder Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Justicia acerca de la suspensión de los tres miembros de la AN elegidos por el estado Amazonas, el Gobierno convino con el Secretario General de UNASUR, el ex presidente colombiano Ernesto Samper, contribuir a promover un diálogo institucional entre el Gobierno y la Oposición. Samper recabó la participación de tres ex presidentes, para facilitar el diálogo: el ex Presidente de Gobierno  de  España,  José  Luis  Rodríguez  Zapatero,  el  ex  Presidente  de  la  República Dominicana, Leonel Fernández, y el ex Presidente de Panamá, Martin Torrijos.

 

El Consejo Permanente de la OEA dio su pleno apoyo a ese “proceso de diálogo” transformándolo en la práctica en las gestiones diplomáticas que le fueron negadas a realizar directamente.

 

Según Zapatero, «nuestro objetivo es muy claro, es poner en marcha, intentar un proceso de diálogo nacional, y debo decir que tanto el presidente Maduro como los representantes de la Oposición, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) han expresado su voluntad de diálogo».3

Sin embargo, cabe señalar que la iniciativa nunca fue ratificada por los Ministros de Relaciones

Exteriores de UNASUR; asimismo, una de las partes, la MUD, tampoco pudo dar su parecer sobre la iniciativa ni sobre quiénes habrían de participar en la facilitación de un posible diálogo.

 

Durante los meses transcurridos, los mediadores se reunieron con las partes por separado. Desde la perspectiva de la Oposición, ello obedeció a que el Gobierno se negaba a considerar sus condiciones previas para un diálogo real. La Mesa de la Unidad Democrática insistía en que «los requisitos para el diálogo pasan por el respeto a la Constitución: y en ella están claramente

 

2 Elementos    esenciales    y   fundamentales de la democracia representativa y  su vinculación con la ac ción colectiva en el marco de la Carta Democrática Interamericana, Comité Jurídico Interamericano, CJI/RES. 159 (LXXV-O/09)

3 Zapatero ve «voluntad de diálogo» entre el Gobierno venezolano y la oposición, 19 de mayo de 2016, http://www.rtve.es/noticias/20160519/zapatero-ve-voluntad-dialogo-entre-gobierno-oposicion-

venezuela/1351863.shtml

 

 

 

 

 

establecidas las reglas para convocar el referendo revocatorio» y que «cualquier agenda para un diálogo genuino y útil debe incluir la libertad de los presos políticos, el retorno de los exiliados y el cese a la represión, el respeto a la Asamblea Nacional, y facilitar la apertura de los canales para que la ayuda internacional pueda socorrer a los venezolanos sin medicinas ni alimentos, víctimas de la crisis humanitaria provocada por el Gobierno. Hasta el momento, no se han establecido reglas claras para ningún diálogo ni negociación”4.

 

Aun cuando el diálogo no estaba produciendo resultados, en el cuarto trimestre de 2016, el impulso que se había creado apuntaba hacia una solución democrática a la crisis. En cinco asuntos clave, las condiciones fueron favorables, y la Oposición mantuvo una posición de fuerza para presionar al Gobierno para lograr un compromiso.

 

La ciudadanía se había galvanizado; salieron a las calles para exigir un cambio millones de ciudadanos venezolanos, incluido un millón en Caracas. El pueblo se había unido en torno de la última solución constitucional posible a la crisis política, el referendo revocatorio. La comunidad internacional  se había  movilizado  y comenzaba a tomar medidas.  En  la OEA  se  cernía  la amenaza  de  nuevas  medidas  en  el  marco  de  la  Carta  Democrática  Interamericana,  y MERCOSUR suspendió la adhesión de Venezuela a la organización. La amenaza de posibles sanciones aumentó la presión sobre el régimen de Caracas para encontrar una solución democrática. Las acusaciones de narcotráfico contra los sobrinos del presidente Maduro y los cargos de corrupción contra PDVSA en Houston, debilitaron aún más la posición del régimen.

 

En vista de esas circunstancias, la mayoría de la coalición de la Oposición de la MUD accedió a una nueva fase del diálogo, esta vez con la participación de la Santa Sede, con la intención de restablecer el respeto a la Constitución y a las instituciones del Estado. Las excepciones incluyeron Voluntad Popular, y algunos pequeños partidos, incluido Vente.

 

Durante la primera sesión plenaria, celebrada el 30 de octubre, se determinaron siete cuestiones clave:

 

• Compromiso conjunto para el mantenimiento de la paz y el entendimiento entre los venezolanos;
• Revisión de la situación de los presos políticos;
• Evaluación del caso de los diputados electos por el estado Amazonas;
• Cronograma e institucionalidad electoral y respeto a los procesos electorales previstos en

la Constitución;

• Funcionamiento y  autonomía  de  los  poderes  públicos  y  respeto  de  sus  respectivas competencias constitucionales;
• Compromiso conjunto para mejorar las condiciones de abastecimiento de alimentos y medicinas; y
• Explorar alternativas que conlleven la acción conjunta de los órganos del Estado para atender los temas económicos más urgentes.5

 

 

4 Comunicado de la MUD: En Venezuela no hay diálogo y las actuaciones del Gobierno agravan la crisis, 21 de junio de 2016,  http://www.lapatilla.com/site/2016/06/21/mud-en-venezuela-no-hay-dialogo-y-las-actuaciones-del- gobierno-agravan-la-crisis-comunicado/

5 http://minci.gob.ve/2016/10/conozca-los-acuerdos-establecidos-en-el-dialogo-entre-gobierno-y-oposicion/

 

 

 

 

 

Al concluir la reunión plenaria, se acordó instalar cuatro mesas temáticas y evaluar sus avances en forma periódica.

 

El 24 de octubre, UNASUR emitió un comunicado en el que se esbozaba el acuerdo sobre una mesa de diálogo entre el Gobierno de Venezuela y la Oposición en torno a cuatro temas. Cada mesa  temática  sería  coordinada  por  uno  de  los  tres  ex  presidentes  (Zapatero,  Fernández  y Torrijos) y un representante de la Santa Sede. Tanto el Gobierno como la Oposición tendrían un representante que contaría con el apoyo de un equipo de asesores técnicos.

 

Los cuatro temas de diálogo acordados fueron: (i) Paz, respeto al estado de derecho y a la soberanía nacional (coordinado por Zapatero); (ii) Verdad, Justicia, Derechos Humanos, Reparación de Víctimas y Reconciliación (Santa Sede), (iii) Económico-social (Fernández), y (iv) Generación de confianza y Cronograma Electoral (Torrijos).

 

Una segunda sesión plenaria tuvo lugar del 11 al 12 de noviembre de 2016. Una declaración destacó una lista de cinco asuntos adicionales, entre ellos:

 

• El Gobierno Nacional y la MUD acordaron trabajar de manera conjunta para combatir toda forma de sabotaje, boicot o agresión a la economía venezolana y priorizar en el corto plazo la adopción de medidas orientadas al abastecimiento de medicamentos y alimentos;
• Instar a los poderes públicos competentes a actuar en la resolución de la situación de los diputados a la Asamblea Legislativa electos en el estado Amazonas, así como a trabajar conjuntamente, en el marco de lo establecido en la Constitución, para el nombramiento de los  dos  rectores  del  Consejo  Nacional  Electoral  que  culminan  su  mandato  en diciembre de 2016;
• Defender los derechos legítimos e inalienables de Venezuela sobre la Guayana Esequiba;
• Adoptar la Declaración Conjunta «Convivir en Paz»;6 y
• Ampliar la participación en el diálogo para incorporar a la Mesa a un Gobernador estatal

por cada una de las partes, e invitar a representantes de los diferentes segmentos de la sociedad.7

 

El 1 de diciembre, la Santa Sede envió una carta al Gobierno venezolano y a la Oposición en la que se reiteraba la importancia del diálogo entre las partes. La carta, firmada por el Secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin, expresaba preocupación por un «inquietante retraso en la adopción de las medidas necesarias para la aplicación concreta de los acuerdos», y señalaba además que «fuera de las reuniones de trabajo se hacen declaraciones o se toman decisiones que no favorecen el entendimiento entre las partes».

 

La carta planteaba una serie de cuestiones que requerían una atención inmediata, entre ellas:

 

 

 

 

6 La Declaración ‘Convivir en Paz’ es un compromiso ante el pueblo de Venezuela para encontrar una solución pacífica a la crisis que aspira a que “nuestras diferencias políticas solo tengan una respuesta en el estricto marco constitucional: un camino democrático, pacífico y electoral.”  http://vtv.gob.ve/conoce-la-declaracion-conjunta- convivir-en-paz-acordada-por-el-gobierno-y-oposicion/

7 http://minci.gob.ve/2016/11/gobierno-nacional-y-la-mesa-de-unidad-democratica-celebraron-segunda-reunion- plenaria-del-dialogo-nacional/

 

 

 

 

 

–     Que  antes  del  próximo  encuentro  se  tomen  las  providencias  necesarias  para  la implementación urgente de medidas destinadas a aliviar la grave crisis humanitaria, ofreciendo  a  la  Iglesia  venezolana  como  un  posible  vehículo  para  facilitar  la asistencia;

–     Que las partes concuerden el calendario electoral que permita a los venezolanos decidir sin dilaciones su futuro;

–     Que  se  tomen  las  medidas  necesarias  para  restituir  cuanto  antes  a  la  Asamblea

Nacional el rol previsto en la Constitución, y;

–     Que se apliquen los instrumentos legales para acelerar el proceso de liberación de los detenidos.8

 

La  Oposición  optó  por  no  participar  en  la  siguiente  sesión  plenaria  prevista  para  el  6  de diciembre de 2016.

 

Cada una de las preocupaciones planteadas en la carta de la Santa Sede pone de manifiesto el fracaso del Gobierno venezolano para actuar, lo que da motivo para creer que el Gobierno no estaba negociando de buena fe. El diálogo no ha dado ningún resultado y, en cambio, en cada uno de los cuatro ámbitos temáticos, la Oposición ha salido perdiendo en todo momento; la situación política, económica, social y humanitaria ha empeorado; y el poder del régimen autoritario se ha perpetuado aún más.

 

La primera mesa de diálogo que supuestamente debía devolver sus poderes constitucionales a la Asamblea Nacional significó el fin de facto de la misma. Desde el inicio del proceso de diálogo, el Tribunal Supremo ha reducido aún más los poderes de la Asamblea Nacional, incluida la autoridad para elegir a los miembros del consejo electoral, para aprobar el presupuesto y para llevar a cabo un juicio político, o exigir al Presidente que rinda cuentas. Por otra parte, se ha despojado de su inmunidad a miembros de la Asamblea Nacional. A dos diputados, incluido el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, se les ha impedido viajar fuera del país y se les han retirado sus pasaportes, y Gilber Caro, el miembro suplente que representa a Voluntad Popular, ha sido detenido y actualmente está encarcelado. Cada una de esas medidas constituye una violación directa de la Constitución de Venezuela.

 

En el marco de la segunda mesa temática de diálogo, tras un primer gesto de liberación de algunos de los activistas políticos detenidos indebidamente, el Gobierno recurrió rápidamente a su antigua práctica de detenciones arbitrarias, arrestando y poniendo en libertad a los ciudadanos, como le place. En todo momento, el número total de presos políticos ha aumentado desde que se inició el proceso de diálogo.

 

La tercera mesa de diálogo, que supuestamente debía orientar los esfuerzos para recuperar la economía, deja al país en una situación en la cual la economía sigue deteriorándose cada vez más. La inflación continúa aumentando, alcanzando niveles sin precedentes, mientras que el PIB va en caída libre. El diálogo tampoco logró ningún tipo de acuerdo para abrir un canal de ayuda humanitaria. No pudo siquiera abrir un canal humanitario que resolviera temas básicos de alimentación y medicinas para la población que más ha sufrido la crisis humanitaria. Cada

 

8 http://www.infobae.com/america/america-latina/2016/12/07/la-carta-completa-que-el-vaticano-envio-al-regimen- de-nicolas-maduro-y-a-la-oposicion/

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