Texto Completo del Informe presentado por Luis Almagro ante la OEA, PARTE 7 DE 7

consecuencia, permanecerán en sus cargos en el Tribunal Supremo de Justicia para el periodo Constitucional correspondiente.

 

En  vista  de  la  neutralización  sistemática  de  la  Asamblea  Nacional  por  parte  del  Tribunal Supremo descrita en la sección anterior, no es sorprendente que no se haya avanzado en la renovación de la legitimidad de los miembros del Tribunal Supremo elegidos por la anterior legislatura controlada por el gobierno a fines de diciembre de 2015.

RECOMENDACIÓN 7: EXHORTAMOS LA CREACIÓN DE UN MECANISMO DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN INTEGRADO POR EXPERTOS INTERNACIONALES INDEPENDIENTES APOYADOS EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS (CARACTERÍSTICAS DE LA CICIG) Y/O OEA.

 

La corrupción es un desafío central para la estabilidad y el crecimiento de nuestra región no sólo porque socava la confianza de los ciudadanos en su gobierno, sino porque tiene repercusiones económicas  para  el  pueblo.  Donde  impera  la  corrupción,  disminuyen  la  inversión  y  el crecimiento económico. En América existe uno de los mayores niveles de desigualdad entre ricos y pobres; con unos 168 millones de personas que viven en la pobreza, sigue siendo una de las regiones con el mayor grado de desigualdad en el mundo.190

 

La lucha contra la corrupción es un aspecto clave del ejercicio democrático del poder consagrado por la OEA y, como tal, es una prioridad para todos los Estados Miembros. El artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana incluye la «probidad» como uno de los «componentes fundamentales del ejercicio de la democracia». La probidad, la ética y el decoro republicano no son mera ideología; son valores democráticos esenciales cuya puesta en práctica es fuente de esperanza para las nuevas generaciones. Las medidas que adoptemos para rechazar la colusión de la política y el dinero en la esfera pública, permitirá separarlas de la actividad política y de la participación en la toma de decisiones que moldea su futuro.

 

Al reconocer que la corrupción representa una grave amenaza para la democracia, los Estados Miembros  hicieron  de  esa  cuestión  una  prioridad  en  la  primera  Cumbre  de  las  Américas celebrada en Miami en diciembre de 1994. Venezuela es uno de los firmantes originales de la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996. El artículo VI de la Convención señala «el requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente”191, “el ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente”,192  “de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones”193 “por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad, a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas».194

 

190 CEPAL – Según las estadísticas del PNUD, es superior en un 18 por ciento al del África subsahariana y 36 por ciento superior al de Asia Oriental.

191 Artículo VI.1(a) Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996

http://www.oas.org/en/sla/dil/inter_american_treaties_B-58_against_Corruption.asp

192 Article VI.1(b) Ibid

193 Article VI.1(c) Ibid

194 Article VI.1(a),(b) Ibid

 

 

 

 

 

 

Venezuela es uno de los países más corruptos del planeta y su enorme riqueza petrolera está siendo expoliada sin piedad sistemáticamente por el Gobierno y las fuerzas armadas mientras el pueblo pasa hambre. En octubre de 2016, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, que en ese momento estimaba que el daño al patrimonio de la Nación ascendía a 70.000 millones de dólares, presentó un atisbo de la escala de la corrupción en el país. El vicepresidente de la Comisión, Ismael García, advirtió que las investigaciones en materia de corrupción habrán de continuar porque existen otras  cifras sobre desfalco a la Nación mucho más elevadas,  que podrían llegar a los 300.000 millones de dólares, sustraídos empleando diversas tramas de corrupción.195

 

En la fecha del primer informe del Secretario General sobre Venezuela, el país ocupaba el puesto

158 en la lista de 168 países del Índice de Percepción de la Corrupción 2015 calculado por Transparency International. En su Índice de Percepción de la Corrupción de 2016, Venezuela ocupa el puesto 166 entre 176 países.196  Tal vez más notable que el hecho de que el Índice de Percepción de la Corrupción continúe señalando a Venezuela como uno de los países más corruptos  del  planeta  es  que  el  Servicio  Nacional  de  Inteligencia  (SEBIN)  detuvo  a  dos miembros de la sección venezolana de Transpareny International y a dos periodistas brasileños en Maracaibo, estado Zulia, el 11 de febrero, como ya se ha mencionado en este informe. El grupo investigaba las conexiones venezolanas con el escándalo de corrupción de Odebrecht.197

Transparencia  Venezuela  había  pedido  previamente  al  Gobierno  que  publicara  todos  los contratos de obras públicas firmados con empresas brasileñas y llevara a cabo una exhaustiva investigación sobre los posibles aspectos venezolanos del escándalo.198

 

Mientras tanto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha llevado a cabo una vasta investigación sobre una gran trama de corrupción y soborno que involucra a compañías energéticas en los Estados Unidos que trataban de obtener contratos con la empresa estatal Petróleos de Venezuela SA. En un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, dado a conocer el 16 de junio de 2016, Roberto Enrique Rincón Fernández, «dueño de múltiples compañías de energía con sede en Estados Unidos se declaró culpable […] de sobornos en el extranjero y evasión fiscal por su papel en una trama para obtener, empleando medios corruptos, contratos de energía de la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). Rincón «admitió haber sobornado a funcionarios […] de PDVSA para garantizar que  sus  empresas  figurasen  en  las  listas  de  proveedores  aprobados  por  PDVSA  y  se  les concediese prioridad en los pagos, de modo que se les pagase rápidamente antes de que lo fueran

 

 

 

195 70 mil millones de dólares fueron desviados por corrupción: Contraloría de la AN, Runrun.es, 16 de octubre de

2016, http://runrun.es/uncategorized/282939/70-mil-millones-de-dolares-desviados-por-corrupcion-contraloria-de- la-an.html

196 Transparency International 2016 Corruption Perceptions Index, Venezuela, https://www.transparency.org/country/VEN

197 Transparency International Calls for the Immediate Release of Two Members of Its Venezuelan Chapter, Transparency International, 11 de febrero de 2017, https://www.transparency.org/news/pressrelease/transparency_international_calls_for_the_immediate_release_of_t

wo_members_o

198 https://transparencia.org.ve/project/transparencia-venezuela-investigara-a-constructoras-brasileras-en-el-pais/

 

 

 

 

otros proveedores de PDVSA con facturas pendientes».199 Otros dos empresarios del sector energético, Juan José Hernández Comerma y Charles Quintard Beech III, se declararon también culpables ante un tribunal federal estadounidense en Houston el 10 de enero de 2017.200

 

Para comprender el alcance de la corrupción gubernamental generalizada y sistemática en el sector de la importación de alimentos presentaremos dos ejemplos representativos. La investigación de Associated Press ya mencionada describió cómo un empresario sudamericano dijo que “pagó millones en sobornos a funcionarios venezolanos a medida que empeoraba la crisis del hambre, incluidos ocho millones de dólares a personas que trabajan para el actual ministro para la alimentación, el General Rodolfo Marco Torres. Documentos bancarios del país del empresario muestran que era un gran proveedor, y que entre 2012 y 2015 había recibido contratos por valor de 131 millones de dólares de los ministros venezolanos para la alimentación. Explicó que vendedores como él pueden sobornar a los militares porque el monto de lo que facturan al Estado incluye grandes márgenes de beneficio. Por ejemplo, se apañó un contrato de maíz amarillo por valor de 52 millones de dólares a un precio superior al doble del precio de mercado en ese momento, lo que quiere decir que solo por ese contrato hubo un sobrepago de más de 20 millones de dólares. Los presupuestos internos del ministerio obtenidos por AP demuestran que los sobrepagos continúan. Por ejemplo, en julio el Gobierno presupuestó 118 millones de dólares para la compra de maíz amarillo a un precio de 357 dólares la tonelada, lo que equivale a un sobrepago de más de 50 millones de dólares en relación con los precios

imperantes ese mes».201

 

El segundo ejemplo en el mismo sector fue organizado supuestamente por el empresario venezolano Samark José López Bello, quien presuntamente ganó millones con la importación a precios  inflados  artificialmente  de  alimentos  destinados  a  los  Comités  Locales  de Abastecimiento y Producción (CLAP), programa gubernamental de distribución casa por casa de los productos alimenticios regulados de primera necesidad. La prensa informó que una empresa controlada por López «supuestamente compró 4.509.157 cajas de alimentos en México por un valor unitario de 8 dólares, mientras que el Gobierno venezolano pagó a la compañía más del triple, a razón de 35 dólares por caja». Esto quiere decir que para una inversión de poco más de

36 millones de dólares, la empresa de López recibió del Estado un pago de casi 158 millones.»202

El 13 de febrero de 2017, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos señaló a Samark

 

 

 

199 Businessman Pleads Guilty to Foreign Bribery and Tax Charges in Connection with Venezuela Bribery Scheme, US Department of Justice, June 16, 2016,  https://www.justice.gov/opa/pr/businessman-pleads-guilty-foreign- bribery-and-tax-charges-connection-venezuela-bribery-scheme

200 2 energy-industry businessmen plead guilty in Houston to foreign bribery charges in connection with Venezuelan contract scheme, US Immigration and Customs Enforcement, January 10, 2017,

https://www.ice.gov/news/releases/2-energy-industry-businessmen-plead-guilty-houston-foreign-bribery-charges-

connection

201 Venezuela Military Trafficking Food as Country Goes Hungry, The Associated Press, 1 de enero de 2017, http://bigstory.ap.org/article/69e87948759d4f0ab81326718bf89032/venezuela -military-trafficking-food-country-

goes-hungry

202 Negocio de Samark López con los CLAP ascendería a 121 millones de dólares, 21 de febrero de 2017, Runrun.es,  http://runrun.es/nacional/298399/negocio-de-samark-lopez-con-los-clap-ascenderia-a-121-millones-de-

dolares.html and Venezuela Kingpin’ Skimmed Millions from State Food Program: Report, InSight Crime, February

22, 2017, http://www.insightcrime.org/news-briefs/venezuela-kingpin-skimmed-millions-state-food-program-report

 

 

 

 

 

López  como  «Narcotraficante  Especialmente  Designado»  junto  con  el  Vicepresidente  de

Venezuela Tareck El Aissami.

 

El gobierno es un servicio al público. Los representantes electos del pueblo deben servir de instrumento para canalizar el sentir de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones del Estado. La legitimidad de un gobierno la otorga la ciudanía. Es una vocación para estar al servicio del bien común. No debe servir para que las personas se enriquezcan u obtengan poder. Requiere  coherencia  entre  nuestras  palabras  y  nuestras  acciones.  Ser  capaz  de  respetar  la posición de liderazgo, sin abusar del poder que lo acompaña. Nuestros principios morales no tienen sentido si no luchamos todos los días contra la corrupción y no tratamos de corregir las enormes desigualdades que padecen los ciudadanos de nuestros países.

 

Por lo tanto, reiteramos nuestra petición de que se establezca un mecanismo independiente para combatir la corrupción integrado por expertos internacionales independientes con el respaldo de las Naciones Unidas o la OEA.

 

 

 

RECOMENDACIÓN 8: EXHORTAMOS A INCORPORAR A LA COMISIÓN DE LA VERDAD EL APOYO TÉCNICO Y LA REPRESENTACIÓN DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS.

 

El 24 de febrero de 2014, el Presidente Maduro pidió a la Asamblea Nacional el establecimiento de  una  Comisión  de  la  Verdad  para  «investigar  todos  los  crímenes  fascistas»203    que supuestamente  fueron  cometidos  por  fuerzas  de  la  Oposición  durante  las  protestas  que sacudieron al país y que se saldaron con la pérdida de 43 vidas. Al mes siguiente, la Asamblea Nacional controlada por el Gobierno accedió a la petición y sin la presencia de los diputados de la Oposición, creó una Comisión.204 El formato de la Comisión habría dejado a la MUD con una escasa representación, razón por la cual ésta presentó su propia versión de una Comisión en abril del mismo año.

 

No fue sino hasta dos años después, el 12 de abril de 2016, que el Gobierno venezolano procedió a la formación  de la Comisión  de la Verdad,  Justicia  y Reparación  de las  Víctimas,  cuya principal tarea giraba en torno de las violaciones de los derechos humanos y la prevención de golpes de Estado y otros intentos de socavar la democracia durante el período que va de 1999 a las protestas de 2014. En el momento de su creación, la Comisión era ampliamente percibida como la respuesta del Gobierno a la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional, que tenía por objeto garantizar la liberación de unos 115 presos políticos encarcelados por acciones

que se remontaban a 1999. Esa ley fue finalmente rechazada por el Tribunal Supremo.205

 

 

203 Maduro pide a la AN creación de una Comisión de la Verdad, El Universal, 24 de febrero de 2014, http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/protestas-en-venezuela/140224/maduro-pidio-a-la-an-creacion-de- una-comision-de-la-verdad

204 El parlamento de Venezuela constituye una «comisión de la verdad» sin presencia de la oposición, RTVE, 19 de marzo de 2014,  http://www.rtve.es/noticias/20140319/parlamento-venezuela-constituye-comision-verdad-sin-

participacion-oposicion/899760.shtml

205 El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) emitió una declaración el

12 de abril de 2016 en la que expresaba su sorpresa por el fallo del Tribunal Superior de Justicia contra la Ley de

 

 

 

 

 

La Comisión sería encabezada por el entonces vicepresidente de Venezuela, Aristóbulo Istúriz, el que, según el presidente Maduro, tenía “experiencia directa por haber vivido las circunstancias de los últimos 28 años».206 Istúriz declaró que el mandato de la Comisión era «visualizar y escuchar [el testimonio] de las personas afectadas por los actos violentos ocurridos en el país [en

2014]».207

 

A continuación, se invitó a participar en la Comisión a Ernesto Samper, por aquel entonces Secretario  General  de  UNASUR,  al  ex  Primer  Ministro  de  España,  José  Luis  Rodríguez Zapatero, al ex Presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, y al ex Presidente de Panamá, Martin Torrijos. Los últimos tres miembros serían también más tarde coordinadores del fallido diálogo de 2016, que contó con el apoyo de la Santa Sede. Aunque la coalición de la Oposición fue invitada públicamente a participar en la Comisión, la MUD rechazó la invitación alegando la falta de imparcialidad de la iniciativa. La MUD fue particularmente crítica de la participación de Samper.

 

Tras los anuncios iniciales, no hay indicios de que la Comisión de la Verdad haya dado ningún paso sincero, ni de que Venezuela haya hecho gestiones para buscar asistencia técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

 

 

 

VENEZUELA Y EL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS

 

A pesar de ocupar actualmente un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por un período que tocará a su fin en 2018, Venezuela no ha demostrado una cooperación significativa con ese organismo de las Naciones Unidas.

 

En octubre de 2016, Venezuela presentó el segundo ciclo de su Examen Periódico Universal al Consejo de Derechos Humanos. Durante su declaración de apertura, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein (ACNUDH) declaró que Venezuela había rechazado visados al Representante Regional de la Comisión de Derechos Humanos señalando que,

 

«Su denegación total de acceso a mi personal es particularmente impactante a la luz de nuestras graves preocupaciones con respecto a las acusaciones de represión de voces de la Oposición y grupos de la sociedad civil; detenciones arbitrarias; el uso   excesivo   de   la   fuerza   contra   protestas   pacíficas;   la   erosión   de   la independencia  de  las  instituciones  del  estado  de  derecho;  y  una  trágica disminución del disfrute de los derechos económicos y sociales, con un hambre cada vez más generalizada y un deterioro cada día mayor de la atención sanitaria. Mi Oficina seguirá muy de cerca la situación en el país y expresaremos nuestra

 

 

Amnistía y Reconciliación Nacional. A solicitud del Gobierno de Venezuela, el ACNUDH había enviado un análisis jurídico de esa Ley al Gobierno en que indicaba que el texto de la misma estaba acorde con las normas internacionales de derechos humanos.

206 http://www.telesurtv.net/english/news/Venezuela-Launches-Truth-and-Justice-Commission-Against-Coups-

20160412-0021.html

207 https://venezuelanalysis.com/news/11932

 

 

 

 

 

preocupación por los derechos humanos del pueblo venezolano en cada oportunidad. El respeto de las normas internacionales de derechos humanos puede crear una estrecha senda por la que el Gobierno y la Oposición pueden avanzar, para abordar y resolver por vía pacífica los desafíos actuales del país, en particular a través de un diálogo fructífero que respete el imperio de la ley y la Constitución».208

 

El ACNUDH ha expresado su agradecimiento al Secretario General de la OEA por recomendar que Venezuela trabaje con su Oficina en la Comisión de la Verdad, y señalado que su Oficina está dispuesta a brindar asistencia para enfrentar los desafíos en materia de derechos humanos en Venezuela.

 

En  octubre  de  2014,  el  ACNUDH  ya  había  emitido  otra  declaración  en  la  que  instaba  a Venezuela a poner en libertad a «los manifestantes y políticos arbitrariamente detenidos».209  La declaración hacía referencia específicamente a los casos de los destacados políticos de la Oposición Leopoldo López y Daniel Ceballos quienes, como ya se ha mencionado en este documento, siguen estando en prisión hasta la fecha.

 

Venezuela   también   continúa   teniendo   varias   solicitudes   de   visita   pendientes   de   los procedimientos especiales de la ONU210 a las cuales no ha respondido, las que incluyen las del:

 

• Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, y sobre el derecho a la no discriminación en este contexto (solicitada en 2017);
• Relator Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados (último recordatorio enviado en noviembre de 2015);
• Relator Especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión (último recordatorio enviado en abril de 2015);
• Grupo de  Trabajo  de  las  Naciones  Unidas  sobre  la  Detención  Arbitraria  (último recordatorio enviado en marzo de 2015);
• Relator Especial  de  la  ONU  sobre  la  violencia  contra  la  mujer,  sus  causas  y consecuencias (último recordatorio enviado en febrero de 2014);
• Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación (último recordatorio enviado en octubre de 2013); y
• Relator Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (último recordatorio enviado en febrero de 2013).

 

 

1. CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS

 

Como se expresaba en el primer informe, estos documentos son un análisis imparcial, basado en hechos y circunstancias de comprobada veracidad, acerca de la evolución de la situación en

 

 

208 http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20474#sthash.mgvJLu7I.dpuf

209 http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15187

210

 

http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewCountryVisits.aspx?Lang=en&country=VEN

 

 

 

 

 

Venezuela. La agenda planteada oportunamente se mantiene. Es hora de comenzar a buscar soluciones para los problemas planteados y a producir resultados concretos.

 

A medida que la situación se ha ido deteriorando, las recomendaciones del primer informe se han actualizado para reflejar los acontecimientos más recientes. Esas recomendaciones se proponen contribuir a encontrar una solución que, como se ha dicho desde un inicio, debe estar orientada al futuro de Venezuela, y debe corresponder al pueblo venezolano.

 

El orden constitucional  de Venezuela debe restaurarse con  carácter urgente  de una manera acorde con los elementos esenciales y los componentes fundamentales de la democracia representativa, plasmados en los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana.

 

Sería inmoral que las acciones políticas que se instrumenten y ejecuten hoy en Venezuela sean simplemente movidas de fichas en un tablero que pretendiera disfrazar de democracia un país que sufre la violación sistemática de los derechos humanos de su pueblo, que ha visto morir el estado de derecho, que no tiene un sistema de garantías mínimas que se puedan hacer valer frente al autoritarismo, que sufre la violación sistemática de los principios y disposiciones constitucionales.

 

La ausencia de las garantías básicas en Venezuela hace que tampoco se pueda esperar que ninguna elección de gobernadores resuelva esos problemas estructurales, como no pudieron siquiera ser resueltos con la elección de los miembros de la Asamblea Nacional en diciembre de

2015. Cualquier cargo electivo que asuma un miembro de la Oposición puede ser retomado por el Gobierno sin ir por ningún procedimiento electoral como fue el caso de los cinco alcaldes de Voluntad Popular. Aun  cuando  se  han  producido  procesos  electorales,  la  ausencia  de  las garantías básicas del sistema democrático por la vulneración del principio de separación de poderes, dada la manipulación del sistema político desde un ejecutivo autoritario, hace que la expresión de la voluntad popular no sea respetada. Así como se censura el funcionamiento de la Asamblea Nacional electa por la voluntad del pueblo y se la declara en permanente desacato desde el Poder Judicial, es de esperar que se puedan ejercer medidas similares para impedir la expresión popular desde otros cargos públicos que pudieran ser electos.  El sistema de partidos políticos se ha visto especialmente golpeado por la aplicación de una reglamentación harto restrictiva que se ejecuta con criterios que conllevan pautas de exclusión y no de inclusión. Resulta un despropósito que aquellos que han violado la constitución, en todas sus formas, aun en sus principios más elementales, pretendan aplicar un reglamento tan limitante de una forma tan estricta coartando claramente espacios de representación partidaria. La democracia exige la apertura de  espacios  de  participación  política,  los registros de  partidos  y candidatos  deben reflejar la mayor disposición a ofrecer opciones a la población, todas las opciones que necesita el pueblo y la Carta Democrática demanda que los Estados fortalezcan el sistema de partidos y no que lo debiliten (art. 5).

 

 

 

RECOMENDACIONES:

 

• Elecciones generales completas a la mayor brevedad con la presencia de observadores internacionales que cumplan con todas las normas internacionales de observación de

 

 

 

 

 

comicios electorales. Ha quedado atrás el tiempo del referendo revocatorio — la última solución constitucional. Ha habido una ruptura total del orden democrático y la única solución democrática es que el pueblo vuelva a tener en sus manos el poder de decidir su destino.

 

Estas elecciones son imprescindibles para permitir al país regresar a la democracia y al estado de derecho así como para permitir al país implementar las soluciones sociales, financieras, económicas y políticas que necesita. La existencia de autoridades legitimadas por un proceso democrático legitima al país a recibir el apoyo financiero que necesita para reactivar su sector productivo, especialmente el petrolero.

 

• Celebrar nuevas elecciones generales permitirá implementar un sistema eficaz de lucha contra la  corrupción  tomando  como  modelos  a  la  CICIG  o  a  la  MACCIH.  Deberá iniciarse una campaña internacional en gran escala, para investigar el despilfarro de los recursos nacionales y la corrupción generalizada. Los fondos robados al pueblo venezolano deben ser devueltos, una vez que se haya restaurado el orden constitucional.

 

• Hasta tanto ello no suceda será fundamental la continuación de sanciones bilaterales por cualquiera de los países a personas vinculadas al Gobierno o a autoridades del Gobierno involucradas en  casos  de  corrupción  o  narcotráfico.  Cuando  el  Vicepresidente  de cualquier país es objeto de medidas como las implementadas por el Departamento del Tesoro, cuando se le congelan fondos por más de 3.000 millones de dólares – monto que equivale a la mitad del valor de las importaciones de alimentos de Venezuela hace cinco años para que se comprenda adecuadamente la dimensión de la tragedia que existe en Venezuela y el precio en dolor que paga el pueblo venezolano – quedan plasmadas las variables de desestabilización política, económica y social que vive el país por tener autoridades como esas.

 

• La liberación inmediata de todos los presos políticos.

 

• El establecimiento inmediato de un canal para prestar asistencia humanitaria (con énfasis en los alimentos y la asistencia médica) al pueblo de Venezuela.

 

• El retorno al orden constitucional con pleno respeto de la separación de poderes de cada una de las ramas del Gobierno, de acuerdo con las normas establecidas en la Constitución de Venezuela. Estas medidas deben incluir:

 

1. a. El restablecimiento de los poderes y competencias constitucionales de la Asamblea

Nacional;

1. El nombramiento por procedimientos constitucionales de los integrantes del Consejo

Nacional Electoral; y

1. c. El nombramiento por procedimientos constitucionales de los magistrados del TSJ

 

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos continuará cooperando con las autoridades, los sectores políticos  y los actores sociales  en Venezuela para apoyar esta

 

 

 

 

 

necesidad urgente. Asimismo, reitera su voluntad de colaborar directamente y de participar activamente en todas las maneras posibles para contribuir a alcanzar esos objetivos.

 

La Secretaría General sigue estimando todavía que la crisis institucional en Venezuela exige cambios inmediatos en las acciones del Poder Ejecutivo, como ya se ha señalado. Las continuas violaciones de la Constitución, en particular en lo que respecta al equilibrio entre las distintas ramas del Gobierno, el funcionamiento y la integración del Poder Judicial, las violaciones de los derechos humanos, el incumplimiento del referendo revocatorio y la falta de respuesta a la crisis humanitaria en el país, que socava el pleno disfrute de los derechos sociales de la población, implican que la comunidad hemisférica debe asumir su responsabilidad de seguir adelante y dar los próximos pasos, con arreglo a los procedimientos establecidos en el artículo 20.

 

Desde la última discusión de la situación en Venezuela en el Consejo Permanente, se han realizado amplios esfuerzos diplomáticos para promover la normalización de la situación y restaurar las instituciones democráticas.

 

Los continuos esfuerzos de diálogo han fracasado, porque el Gobierno de Venezuela ha demostrado  reiteradamente  que  no  participan  en  esos  procesos  de  buena  fe.  En  lugar  de progresar, los derechos de los venezolanos se han visto menoscabados, y ha empeorado la crisis económica, social, política y humanitaria.

 

Los arreglos cosméticos a la democracia, como ofrecer elecciones para gobernadores o ir liberando presos políticos por cuentagotas, no cambian la naturaleza del régimen. Una parodia de democracia no es democracia. En palabras de la ex presa política y ahora líder política Aung San Suu Kyi «a veces pienso que una parodia de una democracia podría ser más peligrosa que una dictadura manifiesta, porque le da al pueblo la oportunidad de evitar hacer al menos algo al respecto.»

 

Como se ha señalado al inicio de este informe, Venezuela es un caso singular en la región, siendo el único ejemplo de una democracia que ha caído a una velocidad vertiginosa en un autoritarismo absolutamente violatorio de los principios establecidos en los artículos 3 y 4 de la CDI. Esta es una realidad que debemos estar dispuestos a reconocer, no en voz baja ni a puerta cerrada, sino en voz alta, en público, dejando constancia. Debemos mirar hacia adelante y definir los pasos tangibles que nos corresponde dar para contribuir a que Venezuela regrese al orden constitucional y retome la senda de la democracia y la prosperidad.

 

Como dijo José Antonio Marina, “Se trata también de reconocer que las normas éticas son imprescindibles, pero que para funcionar armónicamente deben ser cumplidas por todos, y que una muestra de inteligencia social es ser poco tolerantes con los infractores.” Nuestras normas éticas están plasmadas en la CDI y en la Carta fundacional de la OEA, que son nuestras herramientas  para  proteger  la  democracia  en  el  continente  de  las  infracciones  que  puedan cometer los gobiernos. Usemos nuestro capital comunitario principal, nuestra inteligencia y las normas éticas que tenemos para ayudar a Venezuela.

 

Es imposible pensar en un futuro para Venezuela sin devolverle la soberanía al pueblo porque las soluciones  políticas  que  no  se  sostienen  en  la  gente  son  degradables  y  degradantes.  Son

 

 

 

 

 

especialmente degradables porque carecen de legitimidad, son especialmente degradantes porque deslegitiman a quien las ejerce.

 

 

EL ÚNICO CAMINO POSIBLE HACIA UNA VENEZUELA DEMOCRÁTICA:

 

Como Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) debo lamentar que el informe que he redactado sea abundante en atropellos, en vulneración de derechos, en cercenamiento de libertades civiles, políticas y electorales, en pobreza, en hambre, en privación de libertad, en tortura, en censura y en todo el catálogo de violaciones de la dignidad política, social y personal.

 

En mi calidad de titular del órgano central y permanente de la Organización he de reconocer la frustración que implica que la organización internacional más antigua del mundo no haya podido detener a tiempo el espiral de deterioro y descomposición política, económica y social en un país tan importante de nuestra región.

 

Al redactar este informe tres certezas me acompañan: la de los hechos objetivos, fácticos y demostrados contenidos en estas páginas; la de la importancia de los principios interamericanos, y la de que la democracia volverá, más temprano que tarde, a ser el sistema de gobierno en Venezuela.

 

Como amigo de Venezuela y de su pueblo, sin embargo, he de reconocer los límites del multilateralismo y de la acción exterior para intentar sosegar el desenfreno y la insensatez de una administración y un sistema de gobierno que han llevado a su país al extremo, nunca visto en la historia reciente del Hemisferio, del descalabro democrático más absoluto en aras de una élite que busca preservar su riqueza, privilegios y escapar al afán de la justicia.

 

A lo largo de las páginas precedentes hemos repasado el accionar de la subregión, de la región y de la comunidad interamericana e internacional para restablecer la normalidad institucional en Venezuela.

 

Desde mayo de 2016 hasta la fecha la comunidad interamericana e internacional han hecho uso en la práctica de toda la panoplia y el espectro de instrumentos que contempla la Carta Democrática Interamericana en su artículo 20 para detener los desbordes institucionales en la República Bolivariana de Venezuela y para restablecer el orden constitucional y la normalidad democrática.

 

Hemos visto gestiones diplomáticas y de buenos oficios llevadas a cabo, incluso en este mismo Consejo Permanente y que fueron rechazadas en forma categórica por la Canciller de Venezuela; hemos visto a los países del Mercosur puestos en la obligación de suspender a Venezuela de su membresía; se ha considerado necesaria la intervención de UNASUR en función de mediador con la consiguiente ausencia de logros; hemos asistido a la intervención de la diplomacia de la Santa Sede y a la frustración manifestada por su Secretario de Estado Pietro Parolín ante los sistemáticos e intencionales incumplimientos del Gobierno; incluso la anterior administración estadounidense desplegó esfuerzos en dicho marco mancomunado sin obtener progresos.

 

 

 

 

 

 

La negación persistente del Gobierno venezolano y su incumplimiento absoluto de lo acordado han hecho fracasar sistemáticamente en la práctica la vía de las gestiones diplomáticas y los buenos oficios prevista en el artículo 20 de la CDI. Ha cerrado y agotado de hecho la perspectiva de todo camino diplomático en este sentido.

 

El Gobierno venezolano ha rechazado no sólo a la diplomacia y los buenos oficios de más de un país de la región, sino también a una de las diplomacias más antiguas del mundo.

 

Se trata de un fracaso que no únicamente -y no principalmente- cierra en las bruces de la comunidad interamericana la posibilidad de interceder, sino que -sobre todo- condena a la gente de Venezuela al desmantelamiento absoluto de la democracia y el sistema de derechos y al derrumbe total de las condiciones humanitarias, económicas y sociales.

 

Pese a toda la falta de resultados hasta el momento, estoy, sin embargo, convencido de que la OEA, como baluarte del Sistema Interamericano y de sus valores democráticos, aún tiene la posibilidad de influir sobre la realidad venezolana.

 

Pocas sanciones morales y políticas más fuertes existen para los gobernantes de un país que la mirada y las medidas que puedan tomar sus pares. En un continente signado por la solidaridad democrática, que todos nuestros países asumieron como derecho positivo al firmar la Carta Democrática Interamericana, el instrumento más fuerte que existe es la reprobación de los pares. No sólo por su valor internacional. Sino principalmente por la deslegitimación interna que para un gobierno que vulnera derechos implica la censura colectiva de sus pares del Hemisferio.

 

No existe en la historia cercana de los países del Sistema Interamericano que un dictador haya triunfado contra la voluntad colectiva de los países democráticos. Somos el continente que, en su historia reciente, se enorgullece de hacer de la democracia su bandera y de haber cerrado el paso

-desde la aprobación de la CDI, a cuanto dictador ha intentado perpetuarse como gobernante y regir los destinos de su pueblo.

 

Y el signo de la geografía continental ha sabido poner a la solidaridad como estandarte liberador. Cuando las sombras dictatoriales se abatieron sobre el Cono Sur fueron México, Venezuela (¡cuán importante recordarlo ahora!), los EE.UU. del Presidente Carter, la CIDH y muchos otros quienes nos ayudaron a enterrar la oscuridad despótica.

 

Cuando el avasallamiento institucional y fratricida invadió Centroamérica fueron los pueblos latinoamericanos a través de esfuerzos nacionales y del Grupo de Contadora quienes acudieron al auxilio.

 

Cuando Perú fue objeto del aplastamiento del estado de derecho, cuando en Venezuela el Presidente Chávez sufrió un golpe de Estado, cuando tantos otros países se asomaron al abismo del terror autocrático el Hemisferio fue solidario y los recuperó para la democracia.

 

Esa es hoy la obligación moral y ética, el imperativo categórico que tenemos como naciones y

 

 

 

 

 

como Organización: recuperar a Venezuela para los principios del Sistema Interamericano y devolver la democracia al país.

 

Tengo para mí, con total certeza, que comparto con los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas que éste es el continente que cree que Videla, Gregorio Alvarez, Pinochet, Fujimori, Pérez Jiménez, Noriega, Trujillo, los Duvalier, Stroessner, Somoza y tantos otros no son tan sólo un pie de página sino que tienen una dimensión trágica en la historia de nuestros países.  Ese es el destino de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Es nuestro trabajo librar a cualquiera de nuestras naciones de esos infortunios a partir de la solidaridad interamericana.

 

Fue Albert Einstein quien dejó dicho que la vida es muy peligrosa; no por aquellos que hacen el mal, sino por aquellos que se sientan a ver lo que pasa. La propia creación de la OEA y la firma de su CDI y nuestra historia demuestran que éste no es un continente que se siente a ver lo que pasa. Somos un continente comprometido con nuestros valores, con la democracia, con los derechos humanos, con la seguridad, con el desarrollo.

 

Como continente rechazamos el autoritarismo, nos repugna la tortura, peleamos contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, rechazamos la censura, hacemos de la pobreza un estigma a derrotar. Todos nuestros Jefes de Estado y de Gobierno, nuestros Cancilleres leen con la misma tristeza con que yo lo escribo un informe como el presente.

 

Y abogamos por el diálogo efectivo y conducente en todas sus formas. En el caso de Venezuela hemos agotado las vías de diálogo, de buenos oficios, de misiones de fact finding, de gestiones diplomáticas, de acercamiento.

 

Lo hemos hecho en casi todos los esquemas posibles:

 

• En el Consejo Permanente en 2016 con resoluciones proponiendo el apoyo de los países de la región al diálogo y con actitudes de buenos oficiantes,
• En diferentes configuraciones de países tales como:

–     Mercosur,

–     Unasur,

–     Grupo de los 15,

–     Grupo de los 15 ampliado,

• En formatos que involucraron Estados de la región o de fuera de la misma.

 

Y todo fue rechazado categóricamente por el Gobierno venezolano. O por la vía de la negativa directa  o  por  la  de  empantanar  las  iniciativas  de  diálogo  en  el  fango  del  incumplimiento perpetuo.

 

Intentar replicar ejercicios de mediación, gestiones diplomáticas, buenos oficios, misiones al terreno a través de nuevas configuraciones, mediadores u otras personalidades sólo daría nuevamente al Gobierno la oportunidad de ganar tiempo para mantener sus privilegios, al tiempo que prolongaría la miseria de la gente y el aplastamiento de sus derechos. Estoy convencido de que se trataría de un paso en falso sin otro resultado que un nuevo fracaso. El pueblo venezolano ya no tiene más tiempo para ello.  Seria marcar un retroceso al año 2014, implicaría tomar de

 

 

 

 

 

rehén al pueblo venezolano y a su sufrimiento.

 

 

 

ARTÍCULO 21 DE LA CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA

 

Nuestros predecesores fueron sabios en la redacción de la CDI y en el abanico de posibilidades y de medidas que el Capítulo IV contempla. Es sabido que agotada la vía de las gestiones diplomáticas y los buenos oficios del Artículo 20 se abre la posibilidad de la suspensión a través del Artículo 21.

 

La misma no ha de ser vista como una sanción al pueblo de Venezuela. Todo lo contrario. El pueblo venezolano, que en su gran mayoría no se siente representado por la administración actual y que es víctima de sus injusticias, hace tiempo que la reclama.

 

Quienes gobiernan Venezuela siempre han tenido la posibilidad y el poder de restablecer la vigencia de la Constitución y, por ende, la democracia en el país. Ellos tienen en sus manos asegurar la separación de poderes, garantizar la independencia del Poder Judicial y del CNE, devolver los derechos electorales al pueblo, abrir un canal humanitario, devolver sus poderes constitucionales a la Asamblea Nacional y liberar a los presos políticos. No lo han hecho porque su lógica ha sido autoritaria y represiva. Estimamos que debería de haber sido hecho en el marco del dialogo y ello hubiera sido muy útil para legitimar el proceso y a su coordinador, el ex Presidente Zapatero. La agenda de soluciones es esta, son las recomendaciones que hemos formulado aquí, sin resolver la agenda que ha sido planteada no habrá democracia nuevamente en Venezuela.

 

El   régimen   venezolano   aún   puede   hacerlo   y   debe   intentar   reconducir   los   desbordes institucionales   y  recobrar   el   orden   constitucional   y  democrático.   Aunque   el   deterioro institucional y de los derechos civiles y políticos ha sido muy fuerte en este último año y especialmente en los últimos tres meses es posible una reversión rápida a partir de las responsabilidades de Venezuela respecto a la Carta Democrática Interamericana. El primer llamado de los países debe ser reconociendo la alteración del orden constitucional y pidiendo su restablecimiento inmediato en función de sus disposiciones constitucionales y de los artículos 3 a

16 de la Carta Democrática. La OEA ofrece su colaboración para que sea hecho en función de los ineludibles compromisos de Venezuela con el Sistema Interamericano. Si el sistema político no está en condiciones de responder positivamente a las recomendaciones en el plazo perentorio de 30 días, y atendiendo al tiempo transcurrido desde mayo de 2016, deberá aplicarse el procedimiento del artículo 21. La señal inequívoca de retomar el rumbo institucional por parte del país es que se realice en los próximos 30 días un llamado a elecciones generales, la liberación de los presos políticos, la validación de las leyes que han sido anuladas así como la elección de un nuevo CNE y un nuevo TSJ conforme a los procedimientos establecidos en la Constitución.

 

El escenario ideal es una solución democrática. Elecciones generales completas en Venezuela a la mayor brevedad que sean libres, justas y transparentes; elecciones que se ajusten a todos los estándares internacionales y, por lo tanto, incluyan la presencia de observadores internacionales que cumplan con todas las normas internacionales de observación de comicios electorales.

 

 

 

 

 

Entiendo, en consecuencia y por todo lo expuesto, que si no se realizan elecciones generales bajo las condiciones estipuladas, pasaría a ser el momento necesario para aplicar la suspensión a Venezuela de las actividades de la Organización en función del Artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana.

 

El Artículo 20 es claro en el procedimiento estipulado a este respecto: ¨Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas…¨

 

Y el Artículo 21 habilita a la medida que creo necesaria: ¨Cuando la Asamblea General, convocada a un período extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato. El Estado Miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia de derechos humanos.¨

 

Esta medida, que lamentablemente considero necesaria, no resulta excluyente con mantener las actividades  de  la  OEA  enfocadas  en  restablecer  la  paz  social  y la  democracia  en  el  país:

¨Adoptada la decisión de suspender a un gobierno, la Organización mantendrá sus gestiones diplomáticas para el restablecimiento de la democracia en el Estado Miembro afectado¨.

 

Es claro que los valores de la Organización y de nuestros países no permiten compartir la mesa del Consejo Permanente ni de otros órganos de la OEA con un gobierno que rompe el orden democrático, que viola con impunidad los derechos de sus nacionales, que mantiene presos políticos sólo por el hecho de disentir, que tortura, que roba, que corrompe, que trafica drogas y que mantiene a su población sometida a la falta de alimentos, de medicinas y de dinero para subsistir.

 

Al proponer la suspensión del Gobierno de Venezuela de las actividades de la Organización lo hago con la convicción de que lo será por un breve lapso. Venezuela siempre será parte de la OEA y su presencia es fundamental para todos los países y para la Secretaría General.

 

Para ello sólo será necesario que su próximo Gobierno vuelva a compartir los valores en común que son condición imprescindible para pertenecer a la Organización. Al proponer al Consejo Permanente que considere la decisión de la suspensión lo hago poniendo por delante los principios y el valor superior de las víctimas, encarnadas en el pueblo venezolano. Se trata de uno de esos momentos en que los países y las personas debemos poner por delante nuestros valores por sobre los intereses nacionales o personales.

 

Aprobar la suspensión del desnaturalizado Gobierno venezolano es el más claro esfuerzo y gesto que podemos hacer en este momento por la gente del país, por la democracia en el continente, por su futuro y por la justicia.

 

 

 

 

 

 

 

SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE VENEZUELA

 

La gente de Venezuela puede seguir contando con la OEA y con su Secretaría General. Desde mi posición de Secretario General reitero el ofrecimiento de trabajar en forma conjunta para recuperar el tejido democrático en el país y para establecer los programas de cooperación en materia humanitaria, social, de lucha contra la corrupción y en todos los demás aspectos que resultan urgentes y necesarios.

 

La prioridad es la gente. El bienestar de la gente es el espejo donde debemos mirarnos al hacer política, cuanto hagamos debe reflejar los derechos del pueblo y su felicidad. ¿Cuánta fuerza debe tener un pueblo para hacer valer sus derechos? ¿De dónde viene esa fuerza? ¿Dónde están los liderazgos cuando más se necesitan? Cuando la fuerza reside solamente en la gente es porque el sistema político como tal ha fracasado o porque sus liderazgos están fuera del mismo, en este caso, incluso encarcelados o neutralizados bajo amenazas.

 

¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la salida real? La gente cuando habla de salida real habla de derrocar a un gobierno; nosotros debemos hablar de elecciones. Esa es la única salida real que existe. Una salida sin elecciones es una salida irreal, es posponer la agonía del país fuera de la democracia, la constitución y la institucionalidad.

 

Lo expuesto por la Secretaría General de la OEA en este informe no constituye en absoluto un ejercicio de critica anti venezolana, sino muy por el contrario, se trata de un aporte constructivo en defensa de los derechos de todos los venezolanos, especialmente de los perseguidos y los presos de conciencia, de los que pasan hambre, de los que están enfermos, de los que luchan cada día por sobrevivir, y muy especialmente de los que tienen miedo a expresarse, miedo a la represión, a la tortura e incluso a la muerte. Una vez más actuamos al amparo del derecho y la obligación que tenemos de proteger la democracia y los derechos humanos de todo el continente americano.

 

Agradecería que esta comunicación se distribuyera entre los Estados Miembros.

Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta consideración.

Luis Almagro

Secretario General