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Bloquearán cédulas de 45 mil presuntos revendedores


La sala situacional, adscrita a la comisión de abastecimiento de la Gobernación del estado Zulia, mientras recibía el informe semanal de quienes compran con frecuencias en los supermercados de la región a través de los datos del captahuellas, preparó otro informe de los usuarios sospechosos de “bachaqueo”.

Se conoció extraoficialmente que el tope de bloqueados será de 45 mil personas y por fases. En paralelo habrá una campaña de concienciación de parte de los empresarios del sector. La Gobernación del Zulia, junto con la Asociación Zuliana de Supermercados y Afines (Azusa), ejecuta el plan tras los análisis de los registros.

El monto duplica el estimado que soltó en julio el gobernador, Francisco Arias Cárdenas sobre los 20 mil ciudadanos dedicados a la actividad ilegal.

Mientras que hay comercios que publican en la entrada listados con las personas sobre las que pesa prohibición de compras, trabajadores precisaron que otros supermercados bloquean en el sistema de venta, donde están incluidos los empleados.

De acuerdo con la Ley Orgánica de Precios Justos las reventas de bienes esenciales y a precios regulados es un delito en las disposiciones de “contrabando de extracción”.

El artículo 59 de la normativa precisa que será castigado con prisión de 10 a 14 años, “quien mediante actos u omisiones, desvíe los bienes declarados de primera necesidad, del destino original autorizado por el órgano o ente competente, así como quien intente extraer del territorio nacional los bienes regulados por la Sundde”.

La medida de suspender el acceso está enmarcada en el operativo de freno a las mafias de contrabandistas. La Gobernación con apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ejecuta en fases el resguardo y control del abastecimiento de alimentos y artículos de la canasta familiar.

Desde el año pasado se afinan investigaciones con los registros de las huellas dactilares de los compradores y las cédulas de identidad de los compradores de los supermercados privados y públicos. Las autoridades reconocieron que era necesario el cruce de datos de los compradores con la red pública: Bicentenario, Mercal y PDVAL.




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