Dámaso Jiménez : Monedas de Canje

Cuando la canciller Delcy Rodríguez afirma, en medio del espinoso preámbulo del diálogo promovido por el Vaticano, que la liberación de cinco representantes de la oposición fue una señal de voluntad del gobierno que representa, está dejando claro ante los ojos del mundo que el chavismo es una arrogante dictadura que no necesita de poderes autónomos para secuestrar y apoderarse de la libertad de ciudadanos inocentes, inventarles un expediente, exponerlos al escarnio público, aterrorizar a sus familias, llevar a cabo un juicio amañado con figurines a sueldo vestidos de toga, capaces de concebir y redactar en nombre del TSJ el más aberrante delito jamás consumado, someterlos a toda clase de torturas, hambre y miseria sin derecho a una defensa digna, hasta dejar podrir el alma de personas inocentes en celdas lúgubres como monedas de canje que solo pueden ser usufructuadas en momentos difíciles de la revolución.

Es la historia de los presos políticos venezolanos que por tanto tiempo fueron negados como tal y burlados por un gobierno todopoderoso que ahora enfrenta miradas de duda a escala mundial por la cantidad de violaciones cometidas contra los derechos humanos, sin organismos o instituciones democráticas que puedan velar por el funcionamiento del aparato nacional que nos convierte en ciudadanos de un país y no en un extensa tierra de nadie donde prevalece la voluntad de quienes detentan las armas y los tesoros públicos.

Representantes del Foro Penal han sido muy explícitos con las cifras presentadas antes de la liberación de estos primeros 5 presos políticos. Suman 111 las personas que continúan detenidas en Venezuela por pensar distinto y no sucumbir a la misma voluntad férrea de los jerarcas del poder chavista a la que hace alusión Rodríguez. Es la forma como concibe el poder un chavismo que no requiere de formas ni de leyes para utilizar a su antojo las instituciones de Estado y mandar a detener a quienes consideren haya ofendido la sensible investidura de sus majestades socialistas.

Pero son también 6.800 ciudadanos marcados con medidas restrictivas que no pueden hablar ni participar en actos públicos, castrados en su esencia política, inhabilitados en sus derechos por figuras que se apoderaron de la cosa pública como si se tratara de una herencia familiar y que han cometido actos mucho más graves aún no revelados, así como desfalcado los recursos de todo un país, por los que nadie les puede decir nada en voz alta so pena de ser acusado de traición a la patria.

Miles de familiares de presos políticos olvidados viven horas de angustia ante las negociaciones que en ese sentido podrían estar generándose en la iniciativa de diálogo que conduce en nuestro país el Vaticano. Recuerda el estilo de las negociaciones que llevaba a cabo las FARC con sus secuestrados a cambio de reconocimiento de beligerancia política. El FARC way que tanto apoyó el ex presidente Chávez.

¿Cuál es el delito de Leopoldo López, Ledezma, Rosales, Melo, los estudiantes presos, los diputados de Voluntad Popular, los dirigentes de Primero Justicia, Simonovis, los policías metropolitanos, los venezolanos que son amenazados por expresarse en las redes, cualquiera que pueda ser detenido mañana en un allanamiento político en su casa?

El tuit de Luis Pedro España es más que elocuente: “El gobierno mercadea seres humanos presos como escudos humanos. Guarda fichas más altas. Si había alguna duda, es claro de qué están hechos”. Siendo así ¿por qué es el canje? ¿Anulación del juicio político, de la marcha a Miraflores? ¿Qué hicimos los venezolanos para merecer esto?

No en balde resultaron “raspaos” en el examen periódico universal (EPU) que incluye una revisión de los derechos humanos de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas.

El EPU es un proceso dirigido por los Estados bajo la tutela del Consejo de Derechos Humanos que brinda la oportunidad de declarar qué medidas ha adoptado un país en cuestionamiento para mejorar la situación de derechos humanos y asegurar un trato justo a sus ciudadanos. Los altos funcionarios pueden decir lo que quieran, pero en la era global a la que pertenecemos es cada vez más difícil mentir a países que manejan información mucho más veraz sobre la realidad de otras naciones en conflicto, que la que el propio gobierno aporta a su “pueblo”, por lo que cada vez es más difícil exponer hechos falsos.

Por ejemplo la ministra de Salud, Luisana Melo aseguró que la red pública asistencial distribuyó 255.390 unidades de medicamentos y 32 millones de unidades de material quirúrgico solamente a los enfermos que acudieron a las farmacias del IVSS, cuando la Federación Médica Venezolana reporta una escasez de 90% de medicamentos. También se lució el ex Conatel William Castillo, quien habló maravillas del acceso a Internet en Venezuela al que muchas veces bajan el breaker y de la inexistencia de periodistas presos por este régimen, justo cuando el editor de Reporte Confidencial, Braulio Jatar, lleva 4 meses sin conocer las causas de su detención. La magistrado Zuleta juró en el pódium que en Venezuela hay separación de poderes y la rectora Oblitas sin hacer señas reveló que estamos ante el mejor sistema electoral del mundo, uno que ha negado de un plumazo el derecho de ejercer el voto a 30 millones de venezolanos para acudir a un referéndum revocatorio.

Después de las intervenciones la canciller Rodríguez mostró su desacuerdo con aceptar la visita al país de relatores de la ONU en materia de derechos humanos, buscando filtrar el acceso solo a países de su conveniencia. Formas de medio lavarse la cara como si la libertad y el respeto por los ciudadanos fuera algo que solo se pueda exponer desde una sala sin poder ser corroborado.

La libertad del venezolano no puede seguir siendo una moneda de canje como chantaje para no morir de mengua ante la falta de asistencia pública en los hospitales, o de medicinas, o de alimentos que resultan impagables. El diálogo que lleva el Vaticano debe servir para liberar hasta el último preso político, alertar al mundo de que cualquier tipo de lucha violenta será poco ventajosa para la ciudadanía ante las amenazas de una “revolución armada”, restituir competencias a la institucionalidad y no a la voluntad de los todopoderosos y develar un cronograma electoral que brinde una salida pacífica a la crisis, de lo contrario todo habrá sido en vano.