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Gobierno quiere aumentar control sobre medios comunitarios


4 El anteproyecto de ley de medios alternativos y comunitarios, que la Asamblea Nacional sacó a consulta pública a finales de mayo, dispone que quede en manos del Gobierno 66% del espectro radioeléctrico antes de las elecciones presidenciales de 2012.

El instrumento establece la redistribución del espectro en tres partes iguales, de un tercio, para los medios comunitarios, los del Estado y los privados; pero, al mismo tiempo, ata a los comunitarios al Ejecutivo por dos vías: la entrega de la concesión y la asignación de los recursos. En otras palabras, Miraflores aprobará o negará las concesiones para dos tercios de los medios de comunicación del país en pleno año electoral.

El artículo 8 de la propuesta de ley les ordena organizarse internamente de acuerdo con «los principios y valores democráticos, socialistas y humanistas» para operar. El artículo 14 los ata a la pauta publicitaria de los organismos del poder público que deberán destinar 50% de su presupuesto de publicidad para anunciar en estos medios. Además, el artículo 13 crea un fondo institucional adscrito a la Vicepresidencia de la República, presidido por un representante del Estado, que manejará «una especie de situado constitucional cuyo monto se determinará oportunamente», reza el texto en consulta.

Comunidad vs. propaganda. El director de posgrado de comunicación de la UCAB, Marcelino Bisbal, resalta que el solo hecho de que Conatel haya sido adscrito a la Vicepresidencia de la República es prueba suficiente del sentido político que se le quiere dar al manejo de las comunicaciones y en particular a los medios comunitarios.

«Creo que el Gobierno está preparando toda la plataforma mediática de medios del Estado y todo el conjunto de medios parapúblicos o paraestatales para alinearlos con la campaña electoral que se avecina. La idea es convertir lo comunitario en órgano de propaganda, mientras la idea de lo alternativo se desvirtúa absolutamente. El objetivo del Gobierno y del PSUV es coaptar estos medios para un único fin, que es la perpetuación en el poder de un proceso político que revierte totalmente la idea de democracia que conocemos y no lograr su expansión ni su fortalecimiento», advierte.

Recuerda que el Primer Plan Socialista Simón Bolívar 20072013 se refiere a la necesidad de «promover el control social de la población hacia los medios de comunicación masivos y fomentar la utilización de los medios de comunicación como instrumento de formación». Entre sus objetivos, el plan destaca: «Consolidar el sistema de comunicación nacional como instrumento para el fortalecimiento de la democracia revolucionaria».

Otra figura incluida en la propuesta, que podría contribuir a incrementar el control del Gobierno en este sector, son los denominados consejos populares de comunicación, cuya constitución no está clara en la ley, pero que podrían terminar siendo integrados con criterios partidistas, como se ha denunciado reiteradamente que ocurre con los consejos comunales.

Prioridad A1. La importancia para el oficialismo de la ley en cuestión también queda clara en el hecho de que la Subcomisión de Medios Comunitarios, instancia encargada de apuntalar la norma, está presidida por la ex ministra de Comunicación e Información, coordinadora de la Comisión de Comunicación, Propaganda y Agitación del PSUV, segunda vicepresidenta del Parlamento y fundadora de Catia TV, Blanca Eekhout.

Pero, para redistribuir el espectro se requiere una modificación de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. El PSUV no tiene dos tercios de los votos necesarios para aprobar la reforma en la Asamblea, pero el Presidente cuenta con una Ley Habilitante, cuyo artículo 1, numeral 2b, lo autoriza para «dictar y reformar normas regulatorias en el sector de las telecomunicaciones y la tecnología de la información, los mecanismos públicos de comunicaciones informáticas, electrónicas y telemáticas».

Bisbal opina que un decreto ley para reformar la Lotel sería escandaloso, pero no lo descarta: «¿Qué sería una violación más para este régimen? Tendría un control, no del todo hegemónico, pero si rojo rojito».

Nelson Belfort, ex presidente de la Cámara de la Radiodifusión, advierte que además del trasfondo político, la aprobación de la ley ­de acuerdo con los criterios según los cuales está planteada­ aumentará el desorden y los desequilibrios en el sector: «Eso se traducirá en que dos tercios de las radios estarán impunes ante la propia Ley Resorte. De hecho, ya hay muchas excepciones para emisoras comunitarias y del Estado que no tienen que cumplir la ley. Padecemos de la aplicación desigual de un instrumento que supuestamente pretende fortalecer la libertad de expresión, pero quien debería dar el ejemplo, el Estado, está exento de su cumplimiento».

Mucha plata, poca audiencia. El estudio Investigación pobreza. 10 años después, dirigido por Marcelino Bisbal y Pasquale Nicodemo, arrojó que para el período 20082009 la audiencia de los medios comunitarios era ínfima.

«Apenas 2% ven las televisoras comunitarias a diario; 12%, ocasionalmente, y 73%, nunca; mientras, dos tercios de los radioescuchas nunca han oído una radio comunitaria, y 69% de los entrevistados nunca ha leído un periódico comunitario».

Estas cifras no reflejan la cuantiosa inyección de recursos dirigidos al fortalecimiento de los medios alternativos y comunitarios por Conatel: desde 2006 hasta 2010 se destinaron 25,8 millones de bolívares, equivalentes a 18.300 salarios mínimos o 17.737 canastas básicas.

De acuerdo con la Memoria y Cuenta de la Vicepresidencia de la República, en 2011 Conatel prevé invertir 2.178.215 bolívares en el proyecto denominado Consolidación del Modelo Comunicacional Inclusivo, dirigido a fortalecer los medios comunitarios.

En su página web, Conatel informa que hay 244 radios y 36 televisoras; nada dice de los periódicos, pero el cálculo extraoficial es que son 100 impresos comunitarios en el ámbito nacional. 45% de las concesiones de radio y TV comunitarios se concentra en los 7 estados gobernados por la oposición. Sólo en Zulia hay 29 medios audiovisuales; en Lara, 20, y en Miranda, 21.

 

Hecho en democracia

El oficialismo insiste en mostrar la comunicación comunitaria y alternativa como otro producto «hecho en socialismo», y elimina de su discurso experiencias anteriores al año 2000, cuando la Ley de Telecomunicaciones le dio rango legal a estos medios.

Algunos voceros, incluso, reinterpretan su finalidad: «La Red de Medios Alternativos de Carabobo logró integrar a todos los medios comunitarios de una región, con el fin de fortalecer el proceso revolucionario, mediante la difusión de logros del Gobierno nacional, además de desmontar las mentiras de los medios privados», dijo la diputada Blanca Eekhout hace algunos días, durante una jornada de consulta de la ley, según la página aporrea.com.

Lo cierto es que los medios comunitarios comenzaron a operar en Venezuela en los años sesenta y setenta. Destacaron iniciativas como el Proyecto Ratelve (1973-1978), con el objetivo de sentar las pautas de una nueva política de radiodifusión del Estado; Radio Fe y Alegría y Teleboconó. En los ochenta existía la Red de Reporteros Populares, la Agencia de Buenas Noticias y la Escuela Andina de Comunicadores Populares, pionera en la formación de comunicadores comunitarios.

En la década de los noventa hubo una merma en el activismo y la proyección de los medios comunitarios, hasta la aprobación de la Lotel, en 2000. El golpe de Estado de abril de 2002 reactivó el auge de los medios comunitarios, pues los seguidores de Chávez se apoyaron en ellos para contrarrestar la información generada por los medios privados y, posteriormente, vio en ellos un nicho para reproducir su mensaje en comunidades recónditas. Actualmente, existen varios colectivos de medios, pero destacan la Red Venezolana de Medios Comunitarios y la Asociación Nacional de Medios Comunitarios, Libres y Alternativos




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