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Luisa Ortega Díaz, señaló que corresponde al Ministerio Público y a los tribunales acordar medidas de protección en casos de violencia de género


  fiscal02 La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, señaló que corresponde al Ministerio Público y a los tribunales acordar medidas de protección en casos de violencia de género, a los fines de proteger a las víctimas de delitos previstos en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Explicó Ortega Díaz, en el programa de radio «En Sintonía con el Ministerio Público», que los fiscales continuamente hacen seguimiento a las distintas medidas de protección acordadas por ambas instituciones, las cuales corresponden ser ejecutadas por los distintos organismos de seguridad del Estado.

Detalló que algunas de las medidas para proteger a las víctimas de violencia de género, están referidas al abandono del hogar por parte del agresor y la prohibición del acercamiento a la mujer agredida.

Agregó que en ocasiones el Ministerio Público, a través de la Unidad de Atención a la Víctima, puede acordar medidas de emergencia, pero en algunas oportunidades éstas corresponden a los tribunales.

Resaltó que es importante que la mujer tenga conciencia de que las instituciones del Estado venezolano están para protegerla y que existe un conjunto de normas que buscan darle estabilidad y seguridad a todo el grupo familiar.

Dijo que hay instituciones, universidades y alcaldías que informan a la mujer sobre los derechos que tienen, pues el objetivo es desarrollar un trabajo conjunto.

En ese sentido, refirió que el pasado lunes 26 de abril, se realizó en el Ministerio Público una reunión, en la cual participaron las titulares del Tribunal Supremo de Justicia, de la Defensoría del Pueblo, del Consejo Nacional Electoral y del Ministerio del Poder Popular para la Mujer, para tratar el tema de la violencia de género.

Indicó que a partir de las ideas surgidas en la reunión, se elaborará un documento sobre la problemática para ser elevado a instancias de la Presidencia de la República.

Adicionalmente, afirmó que la mujer ha superado ciertos aspectos y ahora se atreve a denunciar las situaciones irregulares hacia su género. Hizo un llamado a las personas que sean víctimas de este tipo de violencia para que presenten la denuncia.

Precisó que los profesionales que laboran en los centros de salud deben informar a los organismos competentes cuando se tenga conocimiento de casos de agresiones contra las mujeres. Subrayó que la obligación de denunciar se debe convertir en un acto de orden público.

Destacó que el hombre también debe tomar conciencia del respeto que se le debe profesar a la mujer. En su opinión, cuesta romper el paradigma en una sociedad donde la regla era la violencia contra la mujer y que ésta guardara silencio.

Reiteró el llamado a las mujeres a realizar las denuncias, a acudir a los diferentes despachos del Ministerio Público, como las unidades de Atención a la Víctima, y a las fiscalías municipales para exponer sus casos. También recordó que se puede llamar al 0800-Fisca-00 (0800-34722-00) para obtener una orientación.

Cifras de denuncias

La máxima representante del Ministerio Público informó que durante los años 2007, 2008 y 2009, la Institución recibió 199.985 denuncias sobre violencia de género, luego de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En 2007, fueron denunciados 34.410 casos; en 2008 la cifra alcanzó las 70.015 y en 2009 un total de 95.560.

Informó que las zonas del país en las cuales se registró una mayor incidencia de causas relacionadas con la mencionada materia fueron: Área Metropolitana de Caracas, con 48.181 casos; Zulia, con 22.747; Carabobo, con 20.670, y Táchira, con 11.045. Indicó que el estado que menos casos
presentó fue Delta Amacuro, con 1.519.

Refirió que los delitos que mayormente se denuncian son la violencia física, psicológica y sexual, la amenaza y el acoso u hostigamiento.

Vale destacar que de acuerdo con las estadísticas que maneja la Dirección de Protección Integral de la Familia del Ministerio Público, en los referidos años, se produjeron 95.166 actos conclusivos (acusaciones, archivos y sobreseimientos).

En ese sentido, Ortega Díaz añadió que el problema de la violencia de género se aborda no sólo para lograr el castigo de los responsables, sino que también se brinda orientación y se dictan charlas sobre los derechos constitucionales y legales que tiene la mujer.

También, informó que la Coordinación de Gestión Social del Ministerio Público tiene estimado dictar charlas, que incluyen temas como la prevención de drogas, internet no es un juego, deberes y derechos del niño y, por supuesto, la prevención del abuso sexual y la vida libre de violencia.

Dicha actividad se llevará a cabo en 48 poblaciones del país, organizada a través de las Fiscalías Superiores.

Resaltó que mediante la Dirección de Protección Integral de la Familia y de los despachos fiscales con competencia en el área se ha dado respuesta, con la solicitud de sanciones contra los presuntos responsables.

Recordó que dicha Dirección y algunas fiscalías están ubicadas, desde el pasado mes de marzo, en los primeros niveles de la Torre Este de Parque Central, con el objetivo de facilitar el acceso de los ciudadanos a las instalaciones del Ministerio Público y dar una respuesta expedita.

Anunció que próximamente serán inaugurados en esos espacios otras oficinas, como la Coordinación de Gestión Social y, además, ocho despachos adscritos a la mencionada Dirección. Recordó que desde 2007, se han creado 57 fiscalías con competencia en violencia de género en todo el territorio
nacional.

Caso Caura

La Fiscal General también informó sobre el Plan Caura que se desarrolla de forma conjunta por iniciativa del Poder Ejecutivo. En el mismo participan la Vicepresidencia de la República, los ministerios del Poder Popular para la Defensa, para las Industrias Básicas y Minería, y del Ambiente, además del Ministerio Público.

Indicó que fue comisionado el fiscal 23° ambiental del estado Lara, Andrés Rodríguez Sánchez, para que investigue los daños ecológicos que presuntamente han sido producidos por la minería ilegal en la zona del Alto Caura, en Bolívar.
 

da / Reporte360




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