La Corte Suprema de EE. UU. el apoyo a Trump para eliminar TPS de venezolanos
La Corte Suprema de EE. UU. permitió que el gobierno de Trump avanzara en la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos, a pesar de que esta protección usualmente se otorga a países que sufren guerras civiles o desastres naturales, condiciones que Venezuela no experimentaba. Esta decisión afectaría a cientos de miles de venezolanos que podrían enfrentar la deportación. Siete venezolanos con TPS y un grupo que los representa impugnaron esta medida, sugiriendo que la decisión estaba basada en hostilidad racial y política. La jueza Ketanji Brown Jackson fue la única en desacuerdo.
Anteriormente, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había decidido terminar el TPS para los inmigrantes venezolanos, lo que significaría que más de 300,000 venezolanos en EE. UU. perderían esta protección pronto, y otros 250,000 que llegaron antes de 2023 la perderían en septiembre. Un punto clave en el proceso legal era si Noem tenía la autoridad para revocar el TPS antes de su fecha de expiración.
La administración de Biden había otorgado el TPS a los venezolanos inicialmente en marzo de 2021, citando la creciente inestabilidad en el país, y lo extendió en 2023. Poco antes de que Trump dejara el cargo, la administración de Biden renovó las protecciones por 18 meses más. La reciente decisión de la Corte Suprema se aplica a la designación de 2023.
Los demandantes, venezolanos con TPS, argumentaron que la repentina revocación de las protecciones por parte de Noem violaba la Ley de Procedimiento Administrativo, que exige ciertos procesos para los cambios de políticas federales. También alegaron que la decisión de Noem estaba motivada por prejuicios raciales y políticos. Un tribunal federal de California había bloqueado temporalmente la orden de Noem, impidiendo la pérdida de protecciones para más de 300,000 venezolanos que iba a ocurrir a principios de abril.
El juez de distrito Edward Chen describió a Venezuela como un país con tanta agitación y peligros económicos y políticos que el Departamento de Estado había advertido contra los viajes allí debido al alto riesgo de detenciones injustas, terrorismo, secuestros, aplicación arbitraria de leyes, delincuencia, disturbios civiles e infraestructura sanitaria deficiente.
El programa del TPS fue creado por el Congreso en 1990 para permitir al gobierno federal ofrecer protección temporal a migrantes de países que enfrentan desastres naturales, guerras u otras condiciones peligrosas para el retorno. Al final del gobierno de Trump, funcionarios describieron la situación en Venezuela como «la peor crisis humanitaria en el hemisferio occidental» y otorgaron una forma diferente de alivio temporal a algunos de sus migrantes.
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