Posición del Gobierno Nacional en el caso de FranKlin Brito y su muerte

El vicepresidente Ejecutivo de la República, Elías Jaua, detalló cronológicamente la asistencia humanitaria y económica ofrecida al ciudadano Franklin Brito para garantizar su vida y para que desarrolle la actividad productiva en su finca.

Jaua, destacó que Brito no poseía títulos de propiedad de su finca y fue el Gobierno Bolivariano quien le dio la titularidad de las 290,20 hectáreas de tierras productivas del fundo La Iguaraya, ubicado en el Estado Bolívar.

Posteriormente en 2003, cuatro años más tarde de entregada la titularidad de la tierra, vecinos de Brito, quienes ocupaban sus fincas, solicitaron al Instituto Nacional de Tierras (Inti) la entrega de cartas agrarias para beneficiarse de la medida de regularizaciones de tierras.

Ese mismo año, Brito denuncia que sus vecinos ocuparon sus tierras y solicita una inspección de linderos, situación que se resolvió de inmediato y se comprobó que no hubo tal ocupación.

En 2005 el Inti ratificó la propiedad privada de Franklin Brito al otorgarle el registro agrario correspondiente y verificando nuevamente que no existía solapamiento alguno con los documentos de sus vecinos.

No obstante, apela nuevamente ante las instancias judiciales; es declarado sin lugar el requerimiento de Brito, por cuanto se comprueba que el denunciate disfrutaba de las garantías de propiedad de sus tierra, es entonces cuando se cercena un miembro (dedo) ante las cámaras de televisión. Paralelamente solicita la cancelación de una deuda laboral que tenia pendiente por parte del Ministerio de Educación y se le solucionó el problema.

En 2006 apela ante un juzgado superior, fue declarado inamisible el recurso y se designa al entonces Presidente del Inti, Juan Carlos Loyo para que atienda el caso. A Brito se le abren nuevos caminos de acceso a su finca para evitar las disputas con los vecinos, mejoramiento de cercas, alcantarillado, entre otros.

En 2007, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, conoce del caso de Franklin Brito y se pronuncia por cuanto “no existían los elementos alegados por el ciudadano (…) en cuanto al solapamiento de tierras y violación de propiedad”.

Informó Jaua que en 2008, ante una nueva huelga de hambre y ante la inminencia de su muerte el gobierno bolivariano envía al presidente del Inti Juan Carlos Loyo, a prestarle asistencia para atender el llamado que hizo para que se le revoque los títulos de propiedad a sus vecinos.

Ese mismo año el Gobierno Bolivariano decidió otorgar de manera gratuita un tractor y una rastra, se le reparó su vehículo, donación de insumos agrícolas y la deforestación de 40 hectáreas de tierra.

En agosto de 2009, comenzó su tercera huelga de hambre, a las puertas de la Organización de Estados Americanos (OEA) y se generó un show mediático de la oposición, que se aprovecha de la situación de Brito y luego lo abandona a su suerte una vez culminado el proceso electoral.

En diciembre de 2009, bajo mediación del Gobierno Bolivariano y por razón humanitaria se le revocaron las cartas agrarias a los vecinos de Brito; éste continuó de todas formas la huelga de hambre y fue cuando el Ministerio Público ordenó su traslado al Hospital Militar.

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