ONU acusa a fuerzas de seguridad de Maduro por aplicar tortura y fuerza excesiva

«Hemos recibido informes creíbles de trato cruel inhumano y degradante por parte de las fuerzas de seguridad a los detenidos, que podrían ser definidos en varios casos como tortura», afirmó la portavoz de la ONU, Ravina Shamdasani, durante una rueda de prensa al agregar que «estos no fueron casos aislados».

Además, denunció que la destitución de la Fiscal General de la República venezolana, Luisa Ortega, es una muestra más de la ruptura del estado de derecho en el país.

«La destitución de la fiscal general está en la línea de lo que hemos estado denunciando, que el estado de derecho en el país se ha roto y la fractura se está ahondando», también acotó en la misma rueda de prensa Ravina Shamdasani.

La portavoz explicó que tras intentar en vano que un equipo de investigadores pudieran tener acceso al país para poder pesquisar in situ sobre lo que está ocurriendo, el alto comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, decidió enviar a Panamá un grupo de expertos que hicieron su trabajo a distancia.

«Las entrevistas realizadas sugieren que en Venezuela ha habido un uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias contra los manifestantes».

«Las conclusiones del equipo indican la existencia de un patrón de otras violaciones de derechos humanos, que abarcan allanamientos violentos de viviendas, torturas y malos tratos a las personas detenidas en relación con las protestas», recalcó la portavoz.

Según contaron los testigos, las fuerzas de seguridad, principalmente la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, así como los cuerpos de policías locales, «emplearon sistemáticamente la fuerza desproporcionada a fin de inspirar miedo, acallar a los disidentes y evitar que los manifestantes se reunieran».

Shamdasani recordó que hasta el 31 de julio, la Oficina de la Fiscal General había investigado 124 muertes en el contexto de las manifestaciones.

Según el análisis del equipo de investigadores, «las fuerzas de seguridad son responsables de al menos 46 de esas muertes, mientras que los grupos armados progubernamentales, denominados ‘colectivos armados’, serían responsables de otros 27 fallecimientos».

La Oficina de la Fiscal General investigaba también al menos 1.958 casos de heridos, aunque el número real de personas que han sufrido lesiones podrían ser mucho mayor.

La portavoz denunció que de la información compilada se desprende que los colectivos armados, montados en motocicletas, suelen atacar y acosar a los manifestantes.

«En determinados casos también les disparan con armas de fuego», puntualizó.

Asimismo, Shamdasani denunció que a pesar de no disponer de estadísticas oficiales sobre el número de detenciones, los cálculos más fidedignos indican que desde el 1 de abril, cuando comenzaron las manifestaciones, hasta el 31 de julio, más de 5.051 personas sufrieron detención arbitraria.

Más de 1.000 personas siguen detenidas en conexión con las manifestaciones.

Ante el caos reinante en el país, los claros indicios que la situación no va a mejorar a corto plazo y, ante la ausencia de una Fiscalía independiente y no partidaria, Shamdasani dijo que la Oficina está solicitando «de forma urgente» una investigación «independiente» sobre las vastas violaciones a los derechos fundamentales en Venezuela.