Millonaria estafa a PDVSA con pago de comisiones

FRANK LÓPEZ BALLESTEROS
@franchuterias
ESPECIAL

La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) habría pagado más de 12 millones de dólares en sobreprecios a un grupo de empresarios venezolanos, lo que prendió las alarmas de su propia contraloría interna. El monto se habría depositado en la cuenta bancaria de una empresa diferente de la que figuraba en las facturas. Algunas de las compañías vinculadas operarían en Texas y Florida.

Presuntamente usurpando la identidad del gigante chino del acero Liaoning Northem Steel Pipes, un grupo de contratistas venezolanos consentidos por PDVSA, habrían facturado 56,4 millones de dólares -12 de ellos en sobreprecio- a cargo de una firma registrada como Jiafang Steel Pipes Americas en el estado de Texas, pero colocando en la factura el nombre de la empresa china.

Adicionalmente, una serie de documentos oficiales, contratos y comunicaciones internas de Bariven, el brazo de PDVSA para adquirir materiales y equipos, revelarían comisiones por el orden de hasta un 15% del monto total y, entre ellos, destacan seis órdenes de compra, dirigidas oficialmente al proveedor de origen chino pero enviadas al correo electrónico personal del venezolano Joseph Benoudiz Benoudiz, quien supuestamente sería su representante.

El dinero fue, presuntamente, transferido a bancos offshore y entidades de Suiza, Estados Unidos, Panamá y Venezuela. De igual forma, los ingresos habrían llegado a la banca de Nueva Zelanda, un importante paraíso fiscal, varias veces mencionado en los Panamá Papers.

El 20 de febrero de 2014, en correos cruzados entre Jorge Parra, gerente general de Procura Internacional de Proyectos Mayores y Gas de PDVSA, el gerente general de Procura de PDVSA Gas, Alexis García, y Jenny Graterol, ayudante de Benoudiz, y en los que García copiaría a la empresa china, éste advirtió sobre los altos porcentajes de desviación en los precios, pidiendo corregir los mismos. Los representantes de Liaoning Northern ya se habían enterado, a mediados de 2013, que en el año 2012 su empresa había sido incorporada en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) como proveedor de Bariven, obteniendo así contratos que serían entregados a otras empresas y no a Liaoning.

Los hechos que generaron el intercambio de correos, serían unas seis facturas, cada una con unos 2 millones de dólares de sobreprecio, para la compra de una serie de tuberías para la industria petrolera. Los montos de los pedidos en algunos casos sobrepasarían el 100% del valor de mercado, según revela un correo electrónico de PDVSA, en posesión de este diario, en el que se denuncia la situación.

Una de esas órdenes de compra (la número 5100097048 del 27 de marzo de 2012), que emitió Bariven, señala que la empresa estatal planteaba adquirir una tubería específica por un valor de 13.895.221,30 de dólares. Sin embargo, en otra comunicación la supuesta fábrica realiza un ajuste al presupuesto entregado e incrementa el precio 2,2 millones de dólares y cierra la transacción en 16.115.993,91 de dólares, lo que para expertos de PDVSA constituía un monto por encima del valor del mercado, se desprende de un mail de PDVSA que conoció este diario.

Benoudiz fue contactado a lo largo de varias semanas para responder preguntas sobre este trabajo periodístico, pero ninguno de los teléfonos de sus empresas estaba  operando. En su nombre, finalmente, habló uno de sus abogados, George Mencio, quien aseguró que “todo lo que se está diciendo sobre mi cliente es falso. Se busca dañar la imagen de mi cliente a raíz de una investigación judicial que se está llevando en Houston”.

La empresa Lioning Northem Steel Pipes tampoco respondió las llamadas telefónicas ni correos electrónicos que le enviamos.

Los depósitos

Los pagos de Bariven regularmente eran dirigidos al JPMorgan Chase Bank, con el que PDVSA ha mantenido por muchos años relación, pero Benoudiz habría estado inquieto por lograr que el capital de tres órdenes de compra (5100096406/5100096190/5100096684) fuese enviado a la sucursal en Curazao del estatal Banco Industrial de Venezuela (BIV).

En esa sucursal del BIV en Curazao, Benoudiz habría abierto una cuenta, bajo el número de registro 100010000584, a nombre de la empresa china Liaoning Northern Steel Co Ltd., fungiendo él como apoderado. Una comunicación presuntamente dirigida por él a la presidencia de Bariven, firmada en Caracas el 21 de mayo de 2012, notificó la urgencia de enviar los pagos que regularmente se hacían al Chase a la nueva cuenta del Banco Industrial de Venezuela.

Benoudiz habría dicho a Bariven que estaba negociando la emisión de “cartas de crédito para adquisición de varios productos” que se mencionan en tres órdenes de compra valoradas en 20 millones de dólares, por lo que le urgía que hicieran los pagos en esta entidad y así mostrar un soporte financiero.

Todo lo anterior debió haber resultado extraño a Petróleos de Venezuela, pero no fue sino hasta dos años después cuando quedó constancia de la situación.

El 20 de febrero de 2014, Jorge Parra, gerente de Procura Internacional de Proyectos Mayores de PDVSA Gas, le habría escrito a Jenny Graterol un correo pidiéndole con urgencia una respuesta “efectiva por parte de los ejecutivos de Liaoning Northern sobre dos pedidos de compra concretos, el 5100097048 y 5100096822” -transados en 32 millones de dólares-, requiriendo, además, que demostrasen estar autorizados para representar a la acerera china. El tiempo límite que se habría fijado era hasta finales de ese mes de febrero.

En dicho correo, en el que aparece copiado Alexis García, éste añadiría que PDVSA requiere que el poder a ser presentado para la negociación fuese total, incluyendo la posibilidad de emitir notas de crédito a favor de PDVSA, en virtud de los altos porcentajes de desviación presentados en las distintas órdenes de compra, agregando que si la capacidad para aprobar la disminución en el monto de las órdenes recaía en la junta directiva o la presidencia de la empresa china, serían éstos quienes tendrían que presentarse a la reunión.

La advertencia a Graterol aparentemente disparó las alarmas de Benoudiz y su equipo porque iba a quedar de manifiesto que se empleaba el nombre de la empresa china sin su autorización.

Pablo Cárdenas, como presidente ejecutivo de Jiafang Steel Pipes Americas Inc, la sociedad constituida en Texas, habría otorgado un poder absoluto, notariado en Houston, a Jenny Graterol para negociar con PDVSA y solventar así los problemas generados por los altos porcentajes de desviación presentados, supuestamente, por Liaoning Northern Steel Pipe Co. en las distintas órdenes de Bariven.

Benoudiz, por su parte, viajaría hasta Beijing para reunirse con los representantes de la empresa china, tras haber intentado negociar en Venezuela entre febrero y abril de 2014 a través de Jenny Graterol  un “Acuerdo de exención de responsabilidades e indemnización” entre ambas partes, lo que obligó a Benoudiz a eximir a la empresa asiática de cualquier responsabilidad legal.

Adicionalmente, se firmaría un memorándum de entendimiento entre Liaoning Northern Steel Pipes Co, representada por su vicepresidente, Fushan Liu, y Jiafang Steel Pipes Americas Inc, con Benoudiz a la cabeza. El documento esbozaría en el prefacio lo que significó el impasse generado por la usurpación de la identidad de la empresa china, que nunca respondió a los llamados que se le hicieron sobre este reportaje. Vale resaltar que este memorándum, lejos de generar una ruptura entre la empresa china y Jiafang, parece una indicación de que las partes entraban en un contrato a largo plazo a fin de regular sus negocios.

En PDVSA tampoco fue posible consultar a los actores involucrados en esta historia. Solo comentaron –por vía telefónica- que en marzo de 2014 García fue removido de Caracas y trasladado a la ciudad de Puerto La Cruz, en el oriente venezolano, justo un mes después de lo que, antes de colgar, resumieron como el caso de “Los zares de Houston”.

Se intentó también contactar a Jenny Graterol, pero ninguno de los teléfonos registrados a su nombre estaban conectados.

Los fondos

Según la investigación, 1,7 de los 14,8 millones de dólares que Bariven depositó -entre el 11 de septiembre de 2012 y el 4 de mayo de 2013 a la empresa Jiafang Steel Pipes Americas-habrían sido reenviados a dos empresas registradas en paraísos fiscales: Taurus International Enterprise Corp, establecida en Panamá, y Great Oriental Group Limited, en Hong Kong.

Taurus International Enterprises Corp habría recibido, a través del banco ginebrino Union Bancaire Privee, dos depósitos que suman 223.336,80 dólares, lo que correspondería a una comisión por un valor del 10% de un par de las órdenes de compra (la 5100096190 y la 5100096406 de Bariven, cuyos montos suman 2,23 millones de dólares).

El resto de los 1,7 millones de dólares desviados habrían ido a parar a las cuentas de Great Oriental Group Limited Hong Kong, por disposición de Julio César Carpio Laya, un funcionario de Pequiven, la filial de PDVSA encargada de la producción y venta de petroquímicos, según muestran correspondencias internas y facturas.

Benoudiz habría solicitado en varias oportunidades a Carpio Laya, quien desde 2013 era un especialista de proyectos de Pequiven,  información sobre transferencias de facturas pagadas en distintas operaciones y, en una ocasión, le daría instrucciones para depositar la comisión en un número de cuenta asociado precisamente a la empresa Great Oriental Group Limited, que originalmente nada tenía que ver con toda esta operación, en el banco J. Safra de Suiza.

El ingeniero Carpio Laya no respondió a las llamadas ni correos electrónicos de este diario para tener su versión de los hechos.

Con frecuencia, Benoudiz habría solicitado datos actualizados de sus operaciones con las órdenes de compra de Bariven. Las hojas de cálculo supuestamente serían una bitácora del largo viaje de pagos y comisiones que habrían estado bajo su mando.  En un documento titulado “Relación de comisiones pagadas por orden de compra”, se mostrarían las empresas, fechas, número de facturas, montos, totales facturados y hasta el día de pago a los comisionistas que se relacionaron con estas operaciones.

Si hubo “siembra petrolera”, como algunos llaman a los 14 años de presidencia de Hugo Chávez, este empresario (como muchos otros que irán saliendo a la luz) vivirían ahora de los frutos de ese árbol. En la contraloría de PDVSA reposan una docena de informes pormenorizados con cada uno de los casos mencionados.

En medio de la aguda crisis económica por la caída de los precios del crudo y la galopante corrupción, esta trama, una de muchas que vienen destapándose, ayuda a comprender por qué Venezuela está en quiebra. El desfalco a PDVSA se traduce en miles de millones de dólares que están ahora invertidos en bienes raíces o cuentas bancarias de todo el mundo para lavar dinero. La cuestión es cuántas de esas fortunas volverán a las arcas venezolanas y cuáles culpables pagarán sus delitos.

Los venezolanos y sus otras empresas

Solo a través de las firmas Pentamat, Pentanet y CBS 2003, suman más de 131 millones los dólares preferenciales que habrían asignado las autoridades bolivarianas para importar tuberías y pinturas, según refiere la lista de divisas entregadas de la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), el órgano que creó Chávez para manejar los dólares en el Estado venezolano.

La empresa Consorcio Pentamat C.A, supuestamente propiedad de Pablo Cárdenas Zambrano y donde Benoudiz sería parte de la directiva como vicepresidente, según el Registro Nacional de Contratistas (RNC) venezolano, habría recibido parte del dinero por supuestas órdenes de Benoudiz.

Pentamat, registrada en 1996 en Caracas y con oficinas en Miami, habría tenido como clientes a entes del Estado venezolano, entre otros, el Ministerio de Defensa, el Banco Central de Venezuela y el Ministerio de Educación.

Nacido en Francia y nacionalizado venezolano, Joseph Benoudiz sería el propietario -junto a su socio Pablo Cárdenas- de más de 40 firmas que tienen direcciones, teléfonos y directivos en común, a pesar de estar registradas en distintas jurisdicciones desde Venezuela y Estados Unidos hasta Panamá, Hong Kong, Singapur y Nueva Zelanda.

Entre ellas, destacan compañías panameñas como Dexton y Alox International LLC, en cuya junta directiva figura el venezolano Tomás Elías González Benitez, señalado en el libro El Gran Saqueo, de los venezolanos Carlos Tablante y Marco Tarre, de fungir como intermediario en la compra de carne importada de Brasil a Venezuela; a pesar de que no le estaba permitido hacerlo mientras continuara con una demanda que Gonzalez Benítez habría presentado contra Bariven en una corte de Florida (por el supuesto incumplimiento de  un contrato de 195 millones de dólares para la compra de alimentos, refiere el portalCuentasclaras.com, dirigido por Tablante, exdiputado venezolano).

El mismo grupo de empresarios salió a relucir nuevamente en mayo de 2015, cuando el mayor general del Ejército venezolano, Hebert García Plaza, exministro de Transporte Acuático y Aéreo del gobierno de Chávez, declaró al semanario La Razón de Caracas que los actos de corrupción que le achacaban (por tres ferris usados que llevó a Venezuela como si fueran nuevos) eran “una venganza por haber tumbado el mismo negocio al emporio de Benoudiz a través de la empresa Amtex Power”.

“Es una empresa domiciliada en la ciudad de Miami y sus accionistas son venezolanos [Joseph Benoudiz y Pablo Cárdenas] y actuaba como intermediaria en la negociación, por no ser la propietaria de dichas embarcaciones”, señaló el mismo García Plaza, quien fue ministro y miembro de la cúpula chavista, hasta que, en abril de 2015 abandonó el país. “Pareciera que nos están cobrando no haber concluido la negociación que ellos habían dejado lista”, añadió.